Serias y graves observaciones halló la Contraloría de Lambayeque al opulento saldo del proyecto de la obra de saneamiento que ejecuta la Municipalidad Distrital de San José, cuya construcción ya fue cuestionada antes por el órgano de control, lo cual desencadenó la paralización del proyecto.
En esta ocasión, la Contraloría de Lambayeque, a cargo de William Boulanger Jiménez, identificó siete embarazosas observaciones en la ejecución de los trabajos.
INFORMAL. Según el informe de Acción Simultánea N° 336- 2017 al cual tuvo acceso Correo, la ejecución del saldo de obra “Ampliación y mejoramiento integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el distrito de San José” goza de un presupuesto y contrato firmado por S/ 30’402,214.35 incluido IGV.
Uno de las irregularidades identificadas por el órgano de control es que “la oficina administrativa de contratista responsable de la ejecución de la obra (ADONAI), funciona en un establecimiento comercial dedicado a la venta de comida”.
La Contraloría describe que, el 14 de junio del 2017, antes de iniciar la visita de inspección física, constataron previamente que las instalaciones de la oficina del contratista, lugar donde se desarrolla, planifica y programan las tareas a ejecutar en la obra, “está instalada en un establecimiento comercial dedicado a la venta de comida (Rest. Picantería La Chiclayana)”.
“…en donde se ha ambientado un espacio de reducido tamaño, separado por un estante de madera y sin puerta; ambiente que no cuenta con las mínimas medidas de seguridad y no garantiza un adecuado desarrollo de las labores técnico-administrativas que requiere un proyecto de envergadura…”, indica la acción simultánea.
El órgano de control añade, además, haber encontrado en este reducido espacio: un escritorio, un equipo de cómputo y una impresora multifuncional.
“Siendo preciso señalar que las coordinaciones se efectúan en las mesas y sillas ubicadas en el local comercial, en el cual son expuestos los documentos de la obra”, reza el documento.
RENUNCIÓ. Otra de las observaciones halladas por la Contraloría es que “el ingeniero residente abandonó el cargo, quedando la obra sin responsabilidad en la dirección técnica, siendo que la entidad no toma las medidas correctivas teniendo en consideración la naturaleza, envergadura y complejidad de la misma”.
En este punto, la acción simultánea es clara y evoca el Artículo 154° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE).
“…para efectos de representar al contratista Consorcio ADONAI en la responsabilidad técnica de la obra, el cargo de la residencia es asumida según su propuesta técnica, por el ingeniero Luis Mauricio Reátegui Gonzáles, con registro CIP 69206 e incorporado al Colegio de Ingenieros del Perú el 5 de abril de 2002.
Sin embargo, durante el trabajo de campo del servicio de control de acción simultánea, realizado del 6 al 20 de junio de 2017, se advirtió la ausencia del ingeniero residente de obra.
Este hecho fue puntualmente constatado el 14 de ese mismo mes, fecha en que se realizó la visita de inspección a la obra, lo cual ya se había advertido durante la primera visita de la comisión efectuada el 24 de mayo del 2017. Según lo manifestado por el jefe de la Dirección de Urbanismo, ingeniero Roger Obando Bardales, el referido profesional estaba ausente, incluso desde días anteriores, mostrando aparentemente haber abandonado la obra”, dice el documento.
Otro punto grave para la Contraloría en esta observación es que “la entidad ante ello, no ha evidenciado haber tomado las medidas correctivas exigiendo la presencia del profesional responsable de la dirección técnica de la ejecución de este saldo de obra…”.
Más cuestionable aún es la condición de irregular que tiene el citado profesional (residente) en su orden profesional.
“…para confirmar los datos del profesional designado como residente de obra se realiza la búsqueda en el portal del Colegio de Ingenieros del Perú, evidenciando que el referido profesional se encuentra como “no habilitado” conforme se muestra la captura de pantalla efectuada al referido portal”, argumentan.
HAY MÁS. Otro vicio, detectado por el órgano de Control, es el hecho de que “el contratista no viene cumpliendo con el plantel profesional clave propuesto para la calificación del contrato de la ejecución del saldo de la obra”.
En este punto, la acción simultánea señala que el consorcio ADONAI presentó documentos para acreditar los requisitos de calificación, entre ellos, la Declaración Jurada del Plantel Profesional Clave Propuesto para la Ejecución de la Obra, los mismos que forman parte del desconsolidado de Gastos Generales del Presupuesto de Obra.
“Se evidencia la inasistencia de los ingenieros que conforman el plantel técnico del contratista, acorde con el desconsolidado de Gastos Generales Variables del Presupuesto de Obra, por tanto estas inasistencias deben ser tomadas en cuenta para la deducción correspondiente, que se aplicarían en la liquidación final de obra, previas anotaciones en el cuaderno de obra como antecedente”, informa la acción simultánea.
En este caso, nuevamente la Contraloría remarca que la entidad no ha evidenciado haber tomado las medidas correctivas.
Otro vicio encontrado por la Contraloría en su visita es que “no se tuvo acceso al cuaderno de obra imposibilitando la verificación de las anotaciones registradas en el mismo”.
“…en el lugar que se utilizaba como oficina (la picantería) al preguntar al señor, José Torres, quien se identificó como administrador del contratista, manifestó que el cuaderno de obra no lo tenía en oficina, sino que lo tenía el supervisor.
Posteriormente, se preguntó al supervisor de obra sobre el referido documento, indicando que lo tenía en su maletín, siendo que finalmente no pudo demostrar la posesión de dicho documento, lo que evidenciaría que no se contaba con el cuaderno de obra correspondiente”, describe la acción de control.
Asimismo, la inspección al proyecto arroja también que “el desarrollo de las actividades de ejecución de obra no están concordantes con el calendario de avance de obra presentado en la suscripción del contrato”.
En este punto, la Contraloría indica que la municipalidad firmó contrato y la ejecución se inició el 28 de marzo del 2017.
“…la suscripción del contrato fue el 6 de marzo del 2017, el inicio del plazo de obra debió ser el 21 de marzo del 2017; vale decir 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de la referida suscripción de contrato”, se lee.
También se observó la “ausencia de medidas de seguridad en los frentes de trabajo”, así como la “evacuación de aguas servidas hacia el océano y acumulación de basura en la playa; pondrían en riesgo la salud de la población”, acota la Contraloría.
Fuente Diario Correo
