El contralor general de la República, Nelson Shack, destacó las bondades y los resultados de las acciones de control concurrente realizado en las obras de prevención y proyectos de la Reconstrucción con Cambios, que es el nuevo modelo de control gubernamental que se viene aplicando desde el mes de setiembre de 2017 a la fecha, el cual le ha permitido al Estado peruano ahorrar más de S/ 60 millones por pagos de penalidades, y por sobrecostos detectados a través de las alertas de control, los cuales fueron advertidos y corregidos por los ejecutores públicos.
En ese sentido, dada su efectividad, propuso que el nuevo modelo de control concurrente se extienda también a los proyectos y obras públicas cuyos montos de inversión superen los S/ 100 millones, para contribuir a reducir sustancialmente el incumplimiento de obras y servicios; así como ser garantía del desarrollo de las intervenciones públicas, y del mismo modo, prevenir eventuales inconductas funcionales y de corrupción, tanto en los nuevos como en los actuales proyectos en marcha.
Nelson Shack propuso que de los presupuestos de dichos proyectos de inversión, se destine un aporte del 2.5% para el control concurrente.
“Con ese aporte se implementarán equipos especiales de profesionales que realizarán el acompañamiento de control en cada una de las etapas de los proyectos y de las obras, por medio de hitos de control ya identificados y puestos en práctica por la Contraloría General”, añadió.
El contralor formuló esta propuesta para ser incorporada al Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo denominado “Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía”, el cual se debatió hoy en la sesión conjunta de las Comisiones Parlamentarias de Justicia y Derechos Humanos, y de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
Agregó que esta propuesta de la Contraloría General ayudaría a destrabar las obras y proyectos actuales que se encuentran suspendidos o paralizados debido al temor en la toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos honestos.
Fuente Diario Correo
