El coronavirus no solo ha traído a nuestro país muerte y crisis económica, sino también decenas de presuntos casos de corrupción que se vienen investigando en las regiones de Huánuco, Junín y Amazonas en medio del estado de emergencia.
De acuerdo con el programa Cuarto Poder, desde mediados de marzo hasta fines de mayo, la Procuraduría Anticorrupción ha presentado 203 denuncias ante el Ministerio Público por actos de presunta corrupción vinculados a la emergencia sanitaria. El 82 % corresponde a casos registrados en varias regiones.
Supuestos favorecimientos en licitaciones públicas para familiares de autoridades locales, presunta sobrevaloración en obras que se hacen contra el reloj por la pandemia, y cobros de bonos COVID-19 inventados, son algunas de las acusaciones.
Compras sobrevaloradas
Por ejemplo, en Huánuco, la Fiscalía Anticorrupción intervino la Red de Salud de esa región. Según la Procuraduría, esta dependencia del gobierno regional habría adquirido materiales de limpieza a precios sobrevalorados y comprados directamente a dos empresas vinculadas a familiares del gobernador regional, Juan Alvarado.
En monto total de la adquisición fue de 123 mil 724 soles. En tanto, los beneficiarios fueron las empresas Río Azul y Multiservicios WMJ. El gerente general de la primera es Víctor Rosales Rojas, esposo de María Falcón Alvarado, sobrina directa del gobernador regional de Junín.
Según la Procuraduría, la Red de Salud de Huánuco les compró cada saco de detergente a 120 soles, cuando en el mercado cuesta S/76.
“María es mi sobrina, es hija de mi hermana. A su esposo solo lo he visto en reuniones familiares, pero no sabía que tenía una empresa o que era proveedor. Ellos han ganado las licitaciones como empresa Río Azul, no como personas naturales. Sin embargo, he pedido una investigación para saber si hubo delito”, dijo el gobernador.
“Se espera que las investigaciones permitan corroborar la hipótesis de que aquí hubo una negociación incompatible y hasta delito de corrupción”, dice Amado Enco, procurador Anticorrupción.
Entrega de bonos
En Junín, por su parte, la Procuraduría Anticorrupción denunció ante el Ministerio Público, la entrega irregular de un denominado Bono COVID-19 para 120 trabajadores, entre funcionarios y obreros, de la empresa de Agua Potable Sedam-Huancayo. Estos recibieron entre S/50 y S/1,500 soles extras a su sueldo en abril y mayo.
Para la Procuraduría, esto no tiene sustento jurídico. “Esto es un posible peculado por apropiación irregular de recurso públicos del Estado”, dijo Enco.
La denuncia alcanza a Lourdes Sandoval Rojas, gerente de Sedam-Huancayo. Al respecto, Carlos Quispe, alcalde de Huancayo y presidente de la Junta de Accionistas de Sedam-Huancayo, manifestó que los que habrían aprobado dicho bono son los directores de la empresa de agua y la gerenta Sandoval.
Irregularidades en obras
Finalmente, en la provincia de Bagua (Amazonas), el Ministerio Público investiga la construcción de un área de cuidados intensivos en el Hospital de Apoyo de Bagua. Las irregularidades detectadas comienzan desde la sobrevaloración en los costos de la obra, que apenas tiene un avance del 20%.
Según la fiscalía, esta obra está valorizada en 1 millón de soles. Sin embargo, no valdría ni 200 mil soles. También se investiga la falta de documentación que sustente la contratación directa por el servicio de construcción. “Este patrón se viene replicando en diferentes regiones”, dice el procurador Enco.
Empero Óscar Altamirano, gobernador de Amazonas, afirma que la obra vale muchos más. “El costo de los trabajos asciende a 2 millones 300 mil soles. De ese dinero, 1 millón se utilizará para la infraestructura. El resto de dinero servirá para la implementación (camas UCI, ventiladores mecánicos, etc)”, precisó.
Además, pidió que la Contraloría y el Colegio de Ingenieros hagan un peritaje para conocer si la obra está sobrevalorada.
Fuente El Comercio
