La pandemia del coronavirus Covid-19 va afectar el ritmo de las investigaciones del caso Lava Jato en el Perú y el enfoque que les ha venido dando el Equipo Especial del Ministerio Público, aun si el aislamiento e inmovilización social termina este 30 de marzo, aunque lo más probable es que se alargue por dos semanas más.

El aislamiento social, las restricciones de viajes dentro y fuera del país, el peligro de un contagio durante un interrogatorio o audiencia, se mantendrán todo lo que resta del año 2020 y el 2021. Hasta que se descubra y distribuya de forma masiva una vacuna contra la enfermedad.

Con un virus avanzando por todo el orbe, es difícil que un investigado quiera esconderse y exponerse a un contagio. Sin vuelos internacionales y las fronteras cerradas, tampoco van a poder llegar muy lejos en una fuga. Quedarse en casa siempre será mejor.

Por el lado, de los fiscales, viajar a Brasil, para continuar los interrogatorios y seguir recibiendo nueva información de los colaboradores eficaces, no será tan frecuente como lo fue el 2019. Brasil tiene sus propios problemas de contención ante la enfermedad.

Avanzar con los juicios

Tal vez sea el momento, coinciden abogados y magistrados, que los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato se concentren en los juicios públicos para avanzar con las condenas y releguen las prisiones preventivas y medidas restrictivas de libertad, como impedimentos de salida del país, a un segundo plano.

Si bien, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha suspendido los plazos para la continuidad de las audiencias y trámites procesales, hay tiempos que no se pueden poner en pausa. El plazo de las prisiones preventivas y medidas cautelares sigue corriendo, no se detendrá un segundo. No hay forma de detener el tiempo que una persona pasa en un penal. Esto aplica a todos los casos, más allá de Lava Jato.

Los jueces del sistema penal nacional o mediante habeas corpus van a empezar a recibir pedidos para revisar la necesidad de mantener las prisiones preventivas, en momentos en que el Ministerio Público no puede realizar suficientes actos de investigaciones, como los que se necesitan, y un grave riesgo para la salud de las personas privadas de libertad.

En las audiencias de prisión preventiva, la posibilidad de un contagio dentro de un penal, va a ser un alegato recurrente de los abogados defensores. Los jueces van a tener que responder desde un punto de vista técnico y de protección de derechos humanos: vida y salud.

Lo sucedido con el expresidente Alejandro Toledo en California, Estados Unidos será un ejemplo que los abogados buscarán replicar en el Perú. En EE.UU las prisiones han empezado a liberar a los presos que estaban por cumplir sus condenas, para disminuir el riesgo de contagios.

Prisión preventiva

El juez Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California concedió libertad al expresidente Toledo por temor a un contagio por coronavirus. Es verdad, que estando fuera de prisión también se puede contagiar. California es uno de las áreas de Estados Unidos con alto número de contagios, pero es menor a estar en un centro penal. El juez Hixson alegó que lo importante para el sistema judicial de Estados Unidos es entregarlo con vida, si la extradición es declarada procedente.

En nuestro país, la prioridad debe ser que todos los procesados lleguen con vida a su juicio y escuchen el veredicto de los jueces. La muerte de un procesado por muchas pruebas que existan en su contra priva a la sociedad del veredicto de culpabilidad. La ley prohíbe acusar, juzgar y condenar a un muerto.

La Sala Penal Nacional de Apelaciones ha postergado para el 31 de marzo, la audiencia de apelación al pedido de variación de la prisión preventiva del ex premier César Villanueva, de 73 años, recluido en el penal Miguel Castro Castro. El tribunal ha alegado que no puede ver su pedido antes, por qué su caso no está dentro de los previstos en las normas para el funcionamiento de los órganos judiciales de emergencia.

Villanueva tendrá que esperar. El asunto es que nadie sabe hasta cuándo. Existe una alta probabilidad que el 31 de marzo, la audiencia se vuelva a postergar. A partir de ahora, hipotéticamente Villanueva sigue en prisión porque los jueces no pueden atender su caso en este momento, esto es, por una decisión administrativa. Eso deja abierta la posibilidad de que sus abogados planteen una demanda de hábeas corpus en procura de su libertad.

Hábeas corpus

Por ese motivo, el abogado Humberto Abanto ya ha interpuesto una demanda de hábeas corpus correctivo ante el juzgado de emergencia de la Corte Superior de Lima para lograr la libertad del exministro fujimorista Jaime Yoshiyama Tanaka, también recluido en el penal Miguel Castro Castro con prisión preventiva.

Abanto alega qué ante la ausencia de protección judicial efectiva en la justicia ordinaria, derivada de la Resolución Administrativa 031-2020-P-CSNJPE-PJ del 16 de marzo de 2020 y teniendo en cuenta la existencia de una amenaza cierta, grave y de inminente realización que representa para la pandemia de covid-19, la prisión preventiva de Yoshiyama se convierte en un peligro para su vida y salud.

Además, de una alta población penitenciaria con enfermos de tuberculosis y sida, que en caso de un contagio, agravará la situación al interior de un penal. El 23 de marzo, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para no olvidar a los enfermos de tuberculosis, ante el avance del covid-19.

“Los enfermos de tuberculosis son parte del grupo de riesgo que puede desarrollar síntomas muy graves en caso de contraer el coronavirus causante del COVID-19, declaró el jefe de la unidad de la OMS para la prevención de la enfermedad, Matteo Zignol.

Susana Villarán

El abogado César Nakazaki también presentó una demanda de habeas corpus a favor del árbitro Richard Martín Tirado. Las cárceles “no están capacitadas adecuadamente para enfrentar esta pandemia, pues no cumplen con la medida esencial de prevención: evitar la congestión de gran número de personas en un solo lugar”, sustenta Nakazaki.

Raúl Pariona, abogado de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán le ha pedido al juzgado de turno permanente que convoque una Junta Médica que evalúe su salud y, por tanto, su permanencia en prisión. “La señora Villarán califica como grupo de personas con alto riesgo de contagio y mortalidad, conforme a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud”, indicó Pariona en un comunicado.

Susana Villarán, de 70 años de edad y con prisión preventiva desde mayo del 2019, padece de la enfermedad de Hipertensión y Lupus Eritematoso Sistémico y desde principio de marzo de este año están con gripe, al interior del penal de mujeres de Chorrillos.

Cuellos blancos

El habeas corpus presentado a favor de Yoshiyama el 20 de marzo, hasta hoy no tiene respuesta y los otros tampoco. Esto, más allá del caso concreto, lleva a preguntarse si la decisión de la Corte Superior de Lima de facilitar la presentación de demandas por correo electrónico tiene algún resultado efectivo o solo es para dar la apariencia de que todo funciona con normalidad. Los ciudadanos tienen derecho a recibir una respuesta afirmativa o negativa, en el menos tiempo posible.

Estos son los primeros casos. Hay apelaciones a la prisión preventiva pendientes, como la de Keiko Fujimori, o solicitudes que se evaluarán en plena emergencia, como la de Nadine Heredia y los exministros Eleodoro Mayorga de 73 años y Luis Castilla, de 51 años. El factor salud y la posibilidad de un contagio entrará en el debate jurídico.

El problema presentado por el coronavirus no es exclusivo del caso Lava Jato. En los procesos a la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto” también hay detenidos que sobrepasan los 60 años de edad, como Julio Gutiérrez Pebe, el exintegrante del desparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Su prisión preventiva por 18 meses, vence el 26 de abril próximo. ¿Los fiscales y jueces podrán justificar una ampliación que no ponga en riesgo su salud y vida, en las actuales circunstancias?

Fuente La República

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