Durante los últimos tres años, el Perú ha atravesado por investigaciones que han implicado al sector no solo empresarial, sino también político. Las pesquisas aún continúan desarrollándose y a medida que pasa el tiempo, la cantidad de involucrados va incrementando.

Hace 40 meses que el empresario brasileño, Jorge Henrique Simones Barata, se acogió a la colaboración eficaz en el Perú. Desde entonces, las investigaciones que ha realizado el Equipo Especial Lava Jato han implicado al sector político y empresarial.

A la fecha, el Equipo Especial de la Fiscalía tiene cerca de 40 pesquisas abiertas y más de 250 personas investigadas.

Desde los líderes de fuerzas políticas con larga trayectoria, como el de las nuevas agrupaciones se han visto afectados con investigaciones, medidas de comparecencia restringida, y órdenes de prisión preventiva.

Están siendo investigados por el caso Lava Jato, el expresidente Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano), la exprimera dama Nadine Heredia, la excandidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el exmandatario Alejandro Toledo (del desaparecido Perú Posible), el exjefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos por el Cambio).

También el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional), la exburgomaestre Susana Villarán (Fuerza Social), el exgobernador regional del Callao Félix Moreno (Chim Pum Callao), el exministro del gobierno aprista Enrique Cornejo, el exsecretario presidencial del segundo gobierno del expresidente Alan García, Luis Nava; entre otros.

Las primeras confesiones de Barata, quien fue director Ejecutivo de Odebrecht en Perú entre el 2004 y el 2011, estimó que la constructora brasileña había pagado coimas en el Perú por casi US$29 millones de dólares.

Sin embargo, a poco más de tres años de haberse realizado las primeras investigaciones, el estimado actual es que la cifra de pagos ilícitos -solo en lo que corresponde a Odebrecht- habría llegado a los US$60 millones de dólares, producto de actos de corrupción en 13 obras.

Mientras que, la fiscalía presume que Odebrecht y la constructora OAS habrían inyectado de forma ilícita cerca de US$8,5 millones de dólares a las campañas electorales de diversos partidos políticos, esos fines alcanzó, entre el 2006 y el 2013.

A ello, se suma los pagos de otras empresas extranjeras y nacionales que habrían participado como parte de consorcios que ganaron la buena pro de diversas obras públicas.

Todo eso, ha desencadenó que el Ministerio Público emprendiera acciones contra los políticos, entre los que asumieron cargos como funcionarios públicos y los que no. Actualmente,

La corrupción al sistema de justicia

Pero la corrupción de “Lava Jato Peruano”, no fue la única que afecta al país. Gracias a la investigación de un grupo de fiscales de la especialidad de crimen organizado, entre ellas Rocío Sánchez y Sandra Castro, nuestro país también puede conocer la existencia de una organización criminal que había corroído el sistema de justicia.

Se trata de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, una agrupación criminal integrada por jueces, fiscales, empresarios que lucraba o recibía beneficios personales a cambio de colocar a sus allegados en puestos claves de la Fiscalía o el Poder Judicial.

Su existencia se reveló gracias a un conjunto de audios publicados por diversos medios de comunicación, entre ellos El Comercio. El primero fue difundido el 7 de julio de 2018, por el portal IDL Reporteros.

Desde entonces, se ha informado oficialmente que son, en promedio, 52 mil audios y casi 40 mil mensajes de texto los que se han logrado extraer de la interceptación de las comunicaciones que se realizó con autorización judicial, durante las investigaciones.

El caso se ha dividido entre los operadores de justicia que ostentan el cargo de altos funcionarios y los que son funcionarios de rango medio. Las pesquisas, en su respectivo nivel, es seguido por el fiscal supremo Pablo Sánchez, el fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón y las fiscales del Callao Rocío Sánchez y Sandra Castro.

De los altos funcionarios investigados en el Poder Judicial y el Ministerio Público, solo el exjuez supremo César Hinostroza, tiene orden de prisión preventiva.

Otros investigados como el fiscal supremo Tomás Gálvez tiene una orden de impedimento de salida del país, mientras que el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, afronta las pesquisas en su contra sin ninguna restricción.

También los jueces supremos Martín Hurtado y Aldo Figueroa, vienen siendo investigados por el caso Los Cuellos Blancos.

Los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como Julio Gutiérrez Pebe, se encuentra con prisión preventiva. Orlando Velásquez, Guido Aguila e Iván Noguera afrontan en libertad sus respectivas investigaciones.

Los Intocables ediles

La investigación a la excongresista Luciana León, es uno de lo últimos casos en los que un político se encuentra implicado. Ella, es investigada por presuntamente pertenecer al brazo legal de la organización criminal “Los intocables Ediles de la Victoria”.

Dicha organización es investigada por el cobro de cupos en el distrito de La Victoria, pero además por sobrevalorar las obras y servicios públicos en dicha comuna a fin de recibir más beneficios económicos.

Es en este último hecho delictivo en el que, según el fiscal Reynaldo Abia (que descubrió el caso) y la Fiscalía de la Nación (que la investiga actualmente), que León Romero habría cumplido un rol trascendental dentro de la organización.

Según las investigaciones, la exparlamentaria aprista tenía conocimiento y participación dentro del accionar delictivo de la organización criminal desde el 2016, ya que ella habría buscado conectar a los cabellas de la organización con los principales funcionarios del diversos Ministerios a fin de que sean favorecidos con las obras públicas.

“Hay una corrupción constante”

Victor Cubas Villanueva, exfiscal supremo, consideró que las investigaciones develadas en las últimos años dan muestra que “la corrupción es un problema que se ha dado en forma constante en nuestro país, y no solo en la administración de justicia, como quedó demostrado tras la propalarse un conjunto de audios en julio del 2018”.

La sensación, lamentó, “es que esta situación que atraviesa el país durante los últimos años, ha ido en aumento”. Un reflejo de ello, recordó, es que el sector político estuvo comprometido con el empresarial, y muestra de ello es el Caso Odebrecht.

“En los últimos 30 o 50 años ha habido una corrupción constante. Y no solo desde los años 90′, ya que gobernantes de diferentes niveles en los últimos años están siendo procesados en cárcel y eso se debe a un debilitamiento de los entidades de control que el Perú no ha logrado restablecer”. Advirtió.

Remarcó que, la infiltración de la corrupción ha sido tal, que hasta los propios presidentes de la República que han llegado al poder por voto popular, han destruido las instituciones democráticas para concentrar el poder, desarticulando los órganos de control.

Cubas también cuestionó el rol poco proactivo que tuvo la Contraloría General de la República en estos últimos años.

“¿Dónde estuvo la Controlaría General de la República que era la llamada advertir cualquier acto de corrupción, por ejemplo; en las regiones”, lamentó.

“Hay falencia en la prevención”

En un análisis a nivel macro, el abogado penalistas Andy Carrión, sostuvo que aún siguen fallando los niveles de prevención en nuestro sistema de justicia, las instituciones públicas y otras instituciones como las políticas.

“Hay una falencia propia en niveles de prevención instaurados en nuestras propias instituciones públicas. Sean el Poder Judicial, el Ministerio Público, los ministerios o el propio Congreso, pues el caso de Luciana León ha demostrado que el tráfico de influencias en el Congreso está muy asentado”, dijo.

Por tanto, agregó, habría que diferenciar el tema de los “lobbies” y el apoyo como rol parlamentario.

Otro ejemplo, alegó, es el caso del Poder Judicial, cuando se conoció el Caso de Los Cuellos Blancos, se convocó a un conjunto de especialistas para el tema de prevención. Es decir, para buscar una manera de implementar en el PJ un “programa de cumplimiento anticorrupción, pero el problema fue que no se llegó a implementar en su totalidad”.

“Entonces, desde un análisis macro yo creo que ha habido una falencia en la propia organización de las instituciones, la Contraloría no ha funcionado a tiempo, pues la Contraloría lo que tiene que hacer es advertir a tiempo irregularidades administrativas que luego podrían desembocar en investigaciones penales”, advirtió.

Ello se demuestra en las investigaciones que se han realizado a los gobernadores regionales, “que han ido desfilando por la fiscalía, gobernador tras gobernador”; y ello, agrega el abogado, es porque las entidades de Control Interno de la Contraloría no realizaron una debida función.

En los casos de Lava Jato, indica Carrión, lo que se aprecia ‘ex post’ es que hay una vinculación general en la que participan partidos políticos y funcionarios públicos. “Ministros, exviceministros, presidentes como Ollanta Humala y Kuczynski, pese a que ellos están básicamente por presunto financiamiento ilícito, pero afrontan investigaciones por lavado de activos”, anotó.

Manifestó que se deberían fortalecer los mecanismos de control interno en entidades como el Poder Judicial y el Ministerio Público.

En el Legislativo planteó dar directrices claras a los congresistas, sobre hasta dónde se podría llevar la promoción de una ley que pueda favorecer a determinada empresa.

Fuente El Comercio

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