La emergencia nacional generada por la presencia del covid-19 en el país ha obligado al Gobierno Nacional a realizar una serie de actos administrativos como, por ejemplo, las compras de urgencia de implementos médicos para optimizar la lucha contra la pandemia causada por este patógeno.
La experiencia indica que este tipo de adquisiciones llevadas a cabo con premura pueden verse complicadas por actos fuera de la ley cometidos por personas inescrupulosas que buscan obtener provecho personal de los recursos del Estado. La consecuencia de estos hechos en la mayoría de los casos son obras de calidad baja y desfalco del erario.
Por ello, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que, con el propósito de garantizar un adecuado control de los actos administrativos para combatir al nuevo coronavirus, ha solicitado a la Contraloría General de la República designar una comisión que acompañe esos procesos y se asegure de ese modo su transparencia y eficacia.
La Contraloría saludó la propuesta del Mandatario para aplicar ese enfoque a las adquisiciones e inversiones en la lucha contra el covid-19, e informó que desde la semana pasada trabaja una estrategia integral de control para los cerca de 2,500 millones de soles dispuestos a la atención de la emergencia nacional.
¿En qué consiste el control concurrente? Es una modalidad de supervisión que realiza la Contraloría a las obras o servicios públicos en forma simultánea a su ejecución física con el fin de alertar a tiempo a los responsables sobre posibles hechos que puedan afectar la calidad de los proyectos y evitar posibles casos de corrupción.
En caso la entidad ejecutora sea advertida de posibles casos que vayan en contra del propósito perseguido, puede tomar a tiempo las medidas correctivas necesarias que garanticen la correcta conclusión de las iniciativas. El objetivo es asegurar el uso eficiente y correcto de los recursos del Estado. El proceso de reconstrucción de las localidades afectadas por El Niño Costero es uno en los cuales la Contraloría ha aplicado esta metodología con buenos resultados.
Es positivo que el Gobierno promueva la aplicación de acciones de control, aun cuando se trate de procesos administrativos de urgencia para atender la emergencia nacional causada por el nuevo coronavirus. El correcto uso de los recursos del Estado en un caso de tanta trascendencia para el país exige la mayor pulcritud y transparencia posible debido a que están en juego la salud de la población y la posibilidad de superar lo antes posible la pandemia. Permitir vicios en las adquisiciones impactaría de forma negativa en el objetivo perseguido: contar con las herramientas necesarias para enfrentar el virus que tanto daño viene causando en nuestro país y en el mundo.
Por lo expuesto, la Contraloría General de la República tiene una enorme responsabilidad en este proceso y desde este espacio hacemos votos porque su labor contribuya a que las inversiones en un ámbito de tanta importancia para el bienestar de la población se concreten con celeridad, pero también con eficiencia y transparencia.
Fuente El Peruano
