En el Perú hay 2,572 obras públicas paralizadas, con una inversión comprometida que supera los S/43,000 millones, según la Contraloría. Cientos de proyectos detenidos, con más de la mitad de avance, convertidos en infraestructura fantasma. ¿Y quiénes son los responsables? En su mayoría las municipalidades concentran el 72 % de estas obras y los gobiernos regionales, más del 40 % del monto total invertido.
Regiones como Arequipa, La Libertad, Piura, Cajamarca y Cusco encabezan el ranking del abandono. ¿Cómo se puede hablar de cerrar brechas y ofrecer obras si ni siquiera son capaces de terminar lo que ya se empezó o de hacer un expediente técnico?
Las razones detrás de las obras paralizadas no sorprenden: incumplimientos contractuales (23 %), falta de financiamiento (21 %), expedientes técnicos deficientes (10 %) y una cadena de errores administrativos. Pero lo que sí sorprende —y preocupa— es que, en lugar de corregir estos vacíos, el Gobierno le siga metiendo plata a Petroperú, no reduzca los trámites administrativos y las obras sigan sin concluir. Es un mensaje equivocado, en el peor momento.
No se trata solo de retrasos presupuestales. Se trata de escuelas que no abren, hospitales sin terminar (caso Pucallpa que está parado desde 2017, una vergüenza), calles intransitables y redes de agua y desagüe inconclusas. Cada obra paralizada representa una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de miles de peruanos.
Resulta inaceptable que, mientras dejan obras a medio construir, muchas autoridades locales insistan en exigir más presupuesto. Primero, que terminen lo que empezaron. Y que lo hagan bien. El 33% del presupuesto asignado a regiones y municipalidades no se ejecuta por incapacidad pura y dura, por falta de gestión y por no solicitar el apoyo técnico del MEF o Proinversión.
El Estado debe imponer criterios más estrictos para la asignación de recursos, exigir proyectos maduros y acompañar con asistencia técnica eficaz. Pero también debe aplicar consecuencias reales a quienes incumplen. Además, es urgente fortalecer mecanismos como las asociaciones público-privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI), que han demostrado ser más eficientes cuando se gestionan con visión y rigor. Los recursos de canon, sobrecanon y regalías mineras deben ser ejecutados por quienes lo aportan con los proyectos priorizados por el MEF, la región o la municipalidad y no entregárselo a estas entidades, porque ya sabemos que no terminan lo que empiezan.
Mientras sigamos normalizando que se abandonen más de dos mil obras, seguiremos normalizando el atraso. Y eso, en un país con tantas urgencias, no puede seguir tolerándose. Por favor desaparezcan el Ministerio de Trabajo, Contraloría y Ministerio de Cultura (antes que no se pueda ir a Machu Picchu).
Por Alonso Rey Bustamante
Fuente Perú21
