De acuerdo con Shack, Pérez & Portugal (2020), el concepto más utilizado y aceptado por las principales organizaciones internacionales para definir la corrupción es el “abuso del poder para beneficio propio o de terceros”. No obstante, los citados autores profundizan un poco más, apuntalando subcategorías de análisis para entender de mejor manera el fenómeno. Es así que se hace una diferenciación entre corrupción pública y corrupción privada. En la primera están comprometidos los peculios del Estado, mientras que en la segunda el recurso o la materia de transacción son enteramente privados.
De igual forma se destaca el concepto de corrupción política, donde el proceso de toma de decisiones de los funcionarios del más alto nivel está contaminado y deriva en la captura de instituciones políticas afectando los activos o fondos públicos.
El pasado 25 de enero, la organización Transparencia Internacional presentó su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 y los resultados deberían encender todas las alarmas. El IPC evaluó al Perú con una nota de 36 sobre 100, posición inferior al promedio mundial de 43, ubicándolo en la casilla 105 sobre 180 países, uno de los peores desempeños en América Latina y el Caribe.
Es importante mencionar que el IPC se construye en función a varias fuentes de datos y opiniones de expertos sobre actos corruptos en el sector público. Destacan entre estas fuentes: i) el soborno; ii) el desvío de fondos públicos; iii) el uso de la función pública para beneficio personal; iv) el nepotismo; v) la capacidad del gobierno para hacer cumplir los mecanismos de integridad; vi) el enjuiciamiento efectivo de funcionarios corruptos; vii) las trabas administrativas y requisitos burocráticos excesivos; viii) la existencia de leyes adecuadas sobre divulgación financiera, prevención de conflictos de interés y acceso a la información; ix) la protección legal para denunciantes, periodistas e investigadores, entre otros.
¿Por qué este flagelo ha avanzado tanto en el Perú? La Contraloría General de la República (CGR) identifica problemas serios en la administración pública y la gestión de los recursos. Shack, Pérez y Portugal (2020) hallaron que el perjuicio económico se concentraba mayormente en el rubro de inversiones. En el caso del gobierno nacional se aglutinaba en el sector transportes, mientras que en gobiernos subnacionales el desfalco aparecía en todas las genéricas de gasto sin distinción.
Para el año 2020, la CGR identificó que el perjuicio económico derivado de la corrupción e inconducta funcional en el Perú fue de 22 mil 59 millones de soles. De esta cifra, el 10.3% se despilfarró en el gobierno central, equivalente a 11 mil 580 millones del total devengado; el 15.7% se dilapidó en los gobiernos regionales, es decir 5 mil 762 millones del total devengado; y el 17.6% se derrochó a nivel del gobierno local, que corresponde a 4 mil 716 millones del total devengado. Por rubros, el sector que más malgastó fue Educación, con mil 546 millones de soles. Le siguen Transportes y Comunicaciones, con mil 515 millones, y Salud con 662 millones de soles.
A manera de conclusión, queda claro que es prácticamente imposible alcanzar el bienestar y el desarrollo con niveles tan altos de corrupción ¿Cómo revertir esta vergonzosa situación? Desde mi punto de vista tres aspectos son fundamentales. Primero, liderazgo político al más alto nivel, cosa de la que carecemos. Segundo, un servicio civil profesional altamente calificado, que tampoco tenemos y tercero, implementar una política de modernización de la gestión pública. Sobre este punto volveremos en una próxima entrega.
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Fuente RPP
