Cusco. El procurador público adjunto de la Contraloría, Héctor Hildeck Maldonado Montalvo, denunció por colusión agravada a diez funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Sebastián y un empresario.

El caso ya está en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco, que debe abrir investigación preliminar para determinar si formaliza la denuncia penal por delito de corrupción.

Maldonado interpuso la denuncia con base en el Informe de Auditoría, que halló irregularidades y perjuicio económico a la comuna en la compra de 18 motocargas por la suma de 154 937 soles.

Esa compra era solo uno de los componentes del proyecto “Mejoramiento de los servicios ambientales, mediante instalación forestal de la faja marginal de la Red Vial Enaco”.

Según Contraloría, la adjudicación, dada en setiembre de 2015 al Consorcio Invsur Perú SAC-Luz Marina Serrano, tuvo vicios y generó un perjuicio al municipio de 192 170.70 soles. Precisó que, de todo ese monto, S/ 154 937 corresponden a la adquisición de las 18 motocargas; S/ 15 493.70, por no aplicar penalidades a la empresa ganadora, y 21 740 soles, por la instalación de cabinas.

COMPRA INÚTIL

Sucede que el alcalde Andmar Sicus hizo aprobar en el Concejo Municipal la compra, pese a que estaba vigente la Ordenanza Municipal 008-2011, que prohíbe la circulación de vehículos menores como mototaxis, motocicletas y otros para el transporte de carga en Cusco. Por eso, las motocargas nunca fueron usadas.

Como las motocargas no podían circular, los funcionarios decidieron alquilar una camioneta y usar vehículos ediles para cumplir las labores de los vehículos menores.

Contraloría verificó que 11 motocargas se encuentran inoperativas “por un probable desgaste prematuro del disco de embrague, debido principalmente a una inadecuada ubicación de la caja de transmisión y el peso que se les adicionó a estas (cabina de conductor y tolva sobre la carrocería)”.

No solo eso. Los funcionarios recibieron las unidades sin las características técnicas requeridas y sin las tarjetas de propiedad ni placas de rodaje, lo que fue regularizado en marzo de 2016. Por ese retraso, la comuna debió aplicar una penalidad de S/ 15 493, pero los funcionarios denunciados omitieron el cobro y firmaron la conformidad, favoreciendo a la empresa.

Por otro lado, pese a que los vehículos no podían circular y fueron notificados por la municipalidad de Cusco, contrataron la instalación de cabinas para las motocargas, lo que generó un gasto adicional e innecesario de 21 740 soles.

LOS INVOLUCRADOS

Aparecen involucrados en la denuncia los funcionarios de confianza del alcalde y candidato provincial Andmar Sicus. Ellos son Hugo Arturo Castro Álvarez (gerente municipal), Gary Fernández Paiva (jefe Oficina de Supervisión de Obras), Abel Núñez Pinto (gerente Servicios y Medio Ambiente) y Edward Garay Almanza (jefe de Almacén Central). También Inti Barreto Rivera (jefe de Unidad de Expedietes Técnicos), Armando Valdivia Torres (residente del proyecto) y Siren Eleanore Chávez Montalvo (supervisora de Proyecto).

Asimismo, han sido denunciados los miembros del Comité Especial Anthony Gómez Quiroga, Ruth Lilian Vera Rosell y Lourdes Antonieta Sehgelmeble Flores. Y el representante del Consorcio Invsur Perú SAC Pastor Emilio Sueros Vargas.

Fuente La República

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