Desde hace ya algunos años, y antes de que se sospechara siquiera la magnitud de la corrupción exportada al Perú por Odebrecht y otras empresas constructoras brasileñas, se estimaba que el costo de la corrupción se encontraría en alrededor del 5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Este cálculo, relevante en términos económicos, no logra representar el daño hecho en términos de moral, valores y esperanza para un país que, en materia de recursos, los tiene todos, excepto una clase dirigente, política y empresarial, que tenga la capacidad de mirar más allá de sus propios intereses de corto plazo (como siempre, salvo muy honrosas y muy escasas excepciones). No se ha dado nunca esa transición que hubiera querido Basadre, desde la clase dominante hacia la clase dirigente.

El mediocre manejo del escándalo del sector construcción, en lugar de proporcionar un nuevo impulso al crecimiento económico, paralizó al país, haciéndole perder la oportunidad de avanzar de manera más eficiente en la puesta en marcha de obras de irrigación, como el proyecto Olmos (Lambayeque), con inmenso potencial agrícola y de desarrollo social.

La mediocridad (seamos generosos) también generó una parálisis en la construcción de carreteras y de las líneas del Metro de Lima, que no deben ser vistas solo como una alternativa de transporte, sino como la oportunidad de producir un cambio en la calidad de vida de la población.

Aún así, lo peor estaba todavía por venir: la impudorosa exhibición de la corrupción de quienes debían “impartir justicia”.

No es que la corrupción del Poder Judicial haya sido un descubrimiento, sino la manera a través de la cual lo hemos permitido y, por tanto, sido cómplices de lo que hoy tanto criticamos.

Fuente Perú21

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