La Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras) rechazan enérgicamente diversos requisitos establecidos en la Directiva N.° 004-2025-OECE-CD, versión 2, por ser arbitrarios, desproporcionados y materialmente imposibles de cumplir en solo 30 días.
Las exigencias sobre licencias municipales, vinculaciones con empresas privadas, acreditación académica de secretarios arbitrales y plataformas informáticas no evalúan la calidad, experiencia, integridad ni transparencia de las instituciones. Por el contrario, podrían excluir a la mayoría de los centros de arbitraje del país y concentrar el mercado en favor de un reducido grupo de operadores.
Este escenario genera serias sospechas que no pueden ser ignoradas. Es indispensable determinar quiénes elaboraron y aprobaron estas disposiciones, qué sustento técnico utilizaron, qué instituciones resultarían beneficiadas y si existieron conflictos de interés, favorecimientos indebidos, direccionamiento o posibles actos de corrupción.
Por ello, la CCL y Perucámaras solicitan al Ministerio Público iniciar de inmediato las investigaciones correspondientes; a la Contraloría General de la República realizar una acción de control sobre la elaboración y aprobación de la directiva; y a la Defensoría del Pueblo intervenir ante la posible afectación de la seguridad jurídica, la libre competencia, el debido procedimiento y el acceso a mecanismos eficientes de solución de controversias.
Asimismo, invocan a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Indecopi a evaluar la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de estas medidas, así como su posible carácter de barreras burocráticas ilegales.
La OECE debe suspender inmediatamente la aplicación de los requisitos cuestionados y abrir una revisión pública, técnica y transparente con la participación de centros de arbitraje, cámaras de comercio, universidades, especialistas y gremios representativos.
El Estado debe combatir la corrupción y fortalecer el arbitraje, no cerrar instituciones serias ni crear condiciones que pudieran beneficiar indebidamente a determinados centros.
Regular no puede significar excluir. Supervisar no puede convertirse en direccionar. Y combatir la corrupción exige investigar también a quienes diseñan y aprueban las reglas.
Fuente La Cámara
