La Declaración Jurada de Intereses tiene todavía carácter voluntario a pesar de su importancia. Reúne información sobre los empleos que han tenido los altos funcionarios en los últimos años y también de las empresas en las cuales han sido accionistas, aunque no hayan trabajado en ellas. La información incluye a sus familiares más directos.

Estos datos permitirán detectar la posibilidad de un conflicto de intereses entre la decisión que tome un funcionario y sus actividades privadas o la de sus familiares cercanos como esposa, hijos y hermanos.

Desde el año pasado en que se puso en práctica han sido muy pocos los funcionarios públicos que la han presentado. El Poder Ejecutivo lo ha hecho en razón al compromiso que adquirió. En el Poder Legislativo, solo 20 de los 130 parlamentarios presentaron el documento. Ningún legislador del Apra, Nuevo Perú y Acción Popular hizo la declaración.

A nivel de gobernadores regionales, la situación es lamentable. Ninguno lo ha presentado.

Ante esta situación, han surgido voces como la de Gerardo Távara, de la Asociación Civil Transparencia, para que esta práctica sea obligatoria a través de una ley.

De esta manera, ministros, viceministros, secretarios generales y directores del Poder Ejecutivo tendrán el deber imperativo de cumplirlo. Lo mismo que altos funcionarios de organismos autónomos como el Banco Central de Reserva, Sunat, Contraloría, Defensoría del Pueblo. También el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Congresistas y funcionarios del Legislativo como el Oficial Mayor. Además de gobernadores regionales, directores regionales, alcaldes, provinciales y distritales.

Fuente La República

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