Luego de que el Ejecutivo observara el proyecto de ley para suspender el cobro de peajes en la red vial concesionada en el país durante el estado de emergencia nacional ante el coronavirus, el Congreso procederá a debatir este jueves 7 su aprobación por insistencia.
El 31 de marzo, el Legislativo —a iniciativa multipartidaria— aprobó esta norma donde se detalla que esta suspensión “no causará ni generará derecho compensatorio” y que busca beneficiar a los agentes que “transportan alimentos, medicinas, combustibles, carga, mercancías” en esta emergencia.
Dos días antes, el Ejecutivo estableció que Provías Nacional suspenda el cobro del peaje de la red vial no concesionada durante toda la emergencia y también instó a los concesionarios de los contratos cofinanciados a aplicarlo desde el 2 de abril.
De este modo, de los 78 peajes en el país, 56 suspendieron los cobros. En los 22 restantes, que abarcan 3.000 kilómetros, no puede darse esta figura porque son concesionarias autofinanciadas. Es decir, los recursos que captan sirven para prestar mantenimientos de vías, atención de emergencia, recojo de basura y desmonte, entre otros.
GRAVES RIESGOS
El jefe de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Daly, descartó que existan costos excesivos alrededor del proceso de transporte como para dar un alivio económico.
“Nosotros realizamos monitoreamos y eso es falso. Incluso, vimos que los precios de los productos no se han incrementado y los precios del diésel y GLP vienen en caída”, indicó Daly en diálogo con El Comercio.
A su turno, Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), afirmó que esta ley afectará la cadena de pagos de las concesiones (cuya recaudación cayó hasta en 70%), por lo que los servicios mencionados anteriormente dejarían de prestarse y, en efecto, se deterioraría lo avanzando en infraestructura vial.
Roca también señaló que se perjudican sustancialmente los contratos viales autofinanciados porque estos dependen de los ingresos de los peajes para realizar operaciones y mantenimientos.
Daly añadió que, si el Estado impide a las empresas realizar sus cobros, contraviniendo derechos adquiridos, estas podrían alegar que tampoco tienen obligaciones para ejecutar obras que se habían contemplado en los contratos.
De esta manera, peligraría obras como la ampliación de la autopista Ramiro Prialé (Lima), la vía de evitamiento en Chimbote, entre otras.
“Esto sucedió, por ejemplo, con Chavimochic cuando el Estado no cumplió con entregar los terrenos y la concesionaria no cumplió con sus obligaciones”, señaló Daly.
INCONSTITUCIONAL
El funcionario del MEF acotó que entre los perjuicios está que el Estado se enfrente a demandas millonarias ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por incumplimiento de pagos.
Contrario a lo que señala el Congreso en su autógrafa respecto a que “esta iniciativa se insertará sin ningún efecto negativo sobre la legislación”, Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), comentó que el artículo 62 de la Constitución cita que no se pueden alterar las reglas de un contrato luego de celebrarse. Hacerlo sería inconstitucional.
“Estamos frente a derechos adquiridos. Además de inconstitucional, esta norma linda con la torpeza. Los contratos solo se alteran con acuerdo de ambas partes”, precisó.
En esta línea, García Toma señaló que cualquiera de las dos vías que reciba la demanda de las concesionarias (TC o Ciadi) les daría la razón y se fallaría en contra del Estado. “¿Cuál es la responsabilidad del Congreso de dejar las finanzas públicas complicadas para el próximo gobierno?”, añadió Daly.
En su observación a la norma, el Ejecutivo agregó que se estarían frenando los trabajos para cerrar brechas de infraestructura y vulnerando los contratos de asociación público-privada, que contribuyen a la economía.
Así, Roca y Daly coincidieron en rechazar el hecho de que esta norma no haya pasado por un filtro técnico para evaluarse. Dicho filtro debió ser la Comisión de Economía, en la que tuvo que recogerse opiniones técnicas de diversos actores.
“No queda claro para quién se genera esta ley porque las afectadas hoy, por disminución de ingresos, son las concesionarias, pero estas no piden nada, solo que su contrato se respete. En cambio, los transportistas sí y sin sustentos”, explicó Daly.
“Esto es particularmente grave porque quiebra un principio básico: una ley no se mete en un contrato. Se beneficia a la industria de transporte en específico con una especie de subsidio”, enfatizó Roca de AFIN.
ENTRETELONES
La Junta de Portavoces del Congreso discutió esta norma este miércoles 6 al mediodía con presencia de los titulares del MEF y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Fuentes de El Comercio presentes en dicha reunión señalaron que las bancadas del Frepap, Unión por el Perú, Somos Perú y Frente Amplio mostraron su posición de aprobarla por insistencia.
Una fuente señaló que la ministra de Economía, María Antonieta Alva, por su parte, expuso los riesgos y consecuencias de aprobar esta medida. Finalizó su discurso con un llamado al sentido de responsabilidad y a que se reconsideren las posiciones técnicas.
La ministra habría indicado que solo el costo de mantener las vías a cargo de las concesionarias ascendería a S/700 millones.
Otra fuente especialista en el tema indicó que cada proceso de defensa de los ocho que enfrentaría el Estado costaría US$4 millones.
Fuente El Comercio
