Una aeronave tripulada con altos mandos de la Fuerza Aérea está en el ojo de la tormenta. En un documento que recién sale a la luz, pero que fue recepcionado el pasado 17 de junio, una serie de oficiales de la FAP denunció ante el Ministerio de Defensa, la Inspectoría General del Mindef y el Órgano de Control Institucional del Mindef, la existencia de un grupo dentro de la institución armada dedicada a “utilizar fondos públicos para ejecutar procesos de selección (…) beneficiando intereses mezquinos de empresas no domiciliadas en el Perú e intereses económicos personales de malos funcionarios del Estado”.

En la misiva, los denunciantes -que prefirieron mantenerse en el anonimato- revelaron que la empresa colombiana Integrated Engineering Services (IES), dedicada al diseño de productos para la industria aeronáutica en Colombia, reporta una cancelación de su matrícula mercantil, impuesta por la Cámara de Comercio de Bogotá en junio de 2017, y la falta de autorización por parte de Bombardier, una compañía canadiense asociada exclusivamente con ellos y encargada de la ingeniería aeronáutica. Es decir, los verdaderos fabricantes de aeronaves y sus piezas. Sin embargo, al ver que se abría un proceso de licitación en Perú, IES obtuvo una nueva matrícula a través de otra dirección.

Así llegó el 28 de marzo de 2018, momento en que logró la buena pro en el proceso de selección para el servicio -por 5 años- de soporte logístico de componentes y partes para la aeronave Learjet 45XR FAP (CE-1-2018-CE2-FAP/SEBAT), por la suma de US$ 1’285,358.50, en un proceso en que solo se presentó la empresa colombiana. Este conjunto de irregularidades ocurriría porque el proceso se dio de buena fe. Es decir, basta que la compañía cumpla con presentar la documentación básica para ganar la convocatoria.

A pesar de que el concurso está amparado en el Manual de Compras de las Fuerzas Armadas y el Comité Especial de Contrataciones, no se investigó a la empresa colombiana. Eso ocurrió porque la única compañía que tenía relación comercial con Bombardier y, en consecuencia, la potestad exclusiva para reparar esa nave, era IES. Se trata de una constante en la FAP, primero se da la buena pro y luego se exige la documentación correspondiente. Pero la pregunta clave cae de madura: ¿Por qué la Fuerza Aérea no contrató directamente con Bombardier? Pues, porque esta empresa canadiense no trabaja con carta fianza (un requisito mínimo que piden nuestras FF.AA.), por lo cual estamos sometidos a la voluntad de un solo postor, IES.

Todo indica que esta situación se ha normalizado dentro de la FAP, porque no investigan a las empresas interesadas en contratar con el Estado y no exigen toda la documentación antes de entregar la buena pro.

Cabe precisar que el alto mando que aprobó dos ampliaciones para que IES entregue la carta fianza fue el entonces comandante general FAP y actual viceministro de Recursos para la Defensa, Javier Enrique Ramírez Guillén, por medio de la Resoluciones de Comandancia General N° 0354-CGFA (mayo de 2018) y N° 0390-CGFA (junio de 2018). Por su parte, los denunciantes sostienen que nunca hubo informes técnicos y legales que sustenten la viabilidad de ambas solicitudes.

COMISIONES FANTASMAS

Por otro lado, el testimonio de un suboficial de primera FAP, dado de baja a solicitud y orden de unos oficiales, nos confirma la existencia de un panorama oscuro dentro de esta institución. El 24 de agosto de 2018, el comandante Javier Ramírez envió un memorando a la Jefatura del Estado Mayor, la Comandancia de Operaciones, la Dirección General de Personal y la Dirección de Economía, con copia a la Inspectoría General FAP, exponiendo “la existencia de indicios sobre presuntas irregularidades en la asignación de certificados de créditos presupuestarios de recursos ordinarios Vraem, así como nombramiento y pago de comisiones no autorizadas”.

Tras la investigación, el 16 de noviembre de 2018, el inspector general FAP, Rodolfo Pereyra Cuneo, comunicó -a la comandancia general- que el informe preliminar INSI-N° 003-2018 arrojó como presuntos responsables al director de Economía FAP, mayor general FAP Carlos Estuardo Vidal Calvo, al jefe de la sección caja del departamento de Tesorería de la Dirección de Economía, técnico inspector FAP Emer Milner Sánchez Espinoza, y al encargado de presupuesto Vraem, suboficial de primera FAP Roberto Carlos Castro Arrieta.

Ante ello, el informe recomendó que el director Carlos Vidal sea sancionado con 15 días de arresto simple por incurrir en infracciones graves, tipificadas en la Ley N° 29131, del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Mientras que al jefe Emer Sánchez, y al encargado Roberto Castro, se les imponga el pase al retiro por medida disciplinaria, reduciendo al mínimo sus beneficios como exmiembros de la FAP.

Pero, ¿por qué hallándose responsabilidad en los tres, se castiga tan ferozmente a los de rango menor y tan sutilmente al de mayor jerarquía? Tres días después (19/11/2018), el secretario general, mayor general FAP Ricardo Colina Rojas, por encargo de la Comandancia, autorizó dar cumplimiento a las recomendaciones del informe.

DESCARGO DE LA INSTITUCIÓN

Hace unas semanas, esta casa editora se contactó con el director de Informaciones FAP, Roberto Baxerias, quien atinó a responder las dos interrogantes plasmadas en este informe. Sobre la primera -vinculada al presunto incumplimiento del contrato- indicó que “IES ha cumplido con el 100 % de la atención de componentes y partes de acuerdo al contrato realizado entre la FAP y la mencionada empresa. Sin embargo, esta no ha podido cumplir con el tiempo de atención de algunos componentes, motivo por el cual esta unidad procedió a realizar el cobro de penalidades de acuerdo a lo establecido en el contrato”.

Respecto a las comisiones del Vraem sostuvo que “el caso está en el Poder Judicial (…) y no le puedo decir (sobre el proceso) porque está en la Fiscalía”, añadió.

Fuente Diario Expreso

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