Trece exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Cajamarca habrían ocasionado un perjuicio económico de S/ 1´667,710.23 al Estado, luego de haber transferido dinero a una asociación privada en calidad de premio y por la construcción de una obra pública en terreno privado; así lo determinó la Contraloría General. Los hechos ocurrieron en el periodo 2007 – 2012.
En el informe de Control Específico N° 019-2019-2-0368-SCE, la Comisión Auditora detectó que se desembolsó S/ 300,000.00 a favor del “Comité de Apoyo al Desarrollo del Barrio Cumbe Mayo”, asociación privada que supuestamente representaba al barrio en mención, ganador del concurso de carnaval organizado por la entidad pública en los años 2005 al 2007.
Según el Acuerdo de Concejo Municipal, los premios del carnaval serían obras públicas para el sector ganador. Sin embargo, en el 2008 se modificó el acuerdo y se acordó que los premios se hicieran en efectivo a favor de la asociación para la adquisición de terrenos.
El Comité de Apoyo adquirió once terrenos urbanos con este dinero, que fueron declarados como su propiedad. En el 2009, los terrenos fueron entregados a la municipalidad para uso temporal por un periodo de 10 años, para que se construya la obra “Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Cumbe Mayo, Provincia de Cajamarca”. La inversión fue de S/ 1´367,710.32 y por acuerdo de concejo municipal, se aprobó ejecutarla con recursos públicos sobre una propiedad privada.
En 2010, el titular de la entidad y el presidente de la asociación firmaron un contrato donde formalizaban que la administración quedaba a cargo de la asociación. En marzo del 2012 se hizo la entrega y liquidación de la obra.
Durante el servicio de control, se determinó que la entrega y posterior construcción de la infraestructura, afectó económicamente a la entidad. Según el acuerdo original, los premios debieron ser otorgados en obras y no en dinero a favor de una asociación que no representaba a la Junta Vecinal y que carecía del reconocimiento como organización social.
Por tanto, la Contraloría General puso en conocimiento de la Procuraduría Pública el informe de control específico para que inicie las acciones legales contra los involucrados, a quienes se les atribuye la responsabilidad penal de estos hechos.
Fuente La República
