Son dos los diputados en Costa Rica los que exigen desde el Parlamento de ese país una investigación seria respecto a las denuncias al expresidente peruano Alejandro Toledo, Néstor Manrique y Marielos Alfaro. Es necesario, a decir de estos parlamentarios, investigar a fondo esta situación y de encontrarse acciones irregulares son los tribunales los que deben sancionar a todos los involucrados, dejar el nombre de Costa Rica limpio y descartar definitivamente que este es un paraíso fiscal.
Entrevista exclusiva sobre investigación fiscal a Toledo y su entorno por lavado de activos
El diputado del Partido de Acción Ciudadana, Néstor Manrique, señaló que el caso “encaja en un acto típico de lavado de dinero”. Ello porque la empresa Ecoteva, que fue constituida con solo US$ 3 y que recibió un préstamo de US$ 3 millones del Scotiabank de su país, que canceló dicha deuda en tres meses.
“Se crea una empresa con un capital social de poco menos de US$ 3 donde participa un empleado de seguridad y otro que trabajan en el estudio (de Melvin) Rudelman. Posteriormente esta sociedad adquiere un crédito de US$ 3 millones en Scotiabank, en una línea de crédito preferencial para clientes VIP que tiene el banco y sorprendentemente el crédito es cancelado en muy poco tiempo, en unos 3 meses, eso a nuestro criterio encaja en un acto típico de lavado de dinero, el que está indiscutiblemente ligado al crimen organizado internacional y esa es nuestra mayor preocupación”, dijo.
Asimismo, dijo que “en caso de prosperar la moción (para investigar el caso citando al vicepresidente de su país Luis Liberman), estaríamos invitando, para que se presente en el Congreso de Costa Rica, a Alejandro Toledo”.
Origen del dinero
De otro lado, la diputada Marielos Alfaro Murillo, en diálogo con LA RAZÓN, comentó que con el objetivo es aclarar cuál es el origen del dinero existente en las cuentas de las empresas vinculadas al expresidente Alejandro Toledo creadas en Costa Rica. La Comisión Permanente de Ingreso y Gasto Público del Congreso de dicho país busca citar a los principales involucrados en los millonarios manejos financieros.
Alfaro Murillo confirmó que, junto a otros colegas, presentó una moción para investigar el tema, a la que tuvo acceso este medio, propone “que esta Comisión inicie una investigación del caso y llame a comparecer a las siguientes personas: Luis Liberman, Segundo Vicepresidente de la República; Melvin Rudelman Wohlstein, Presidente del Bufete Rudelman; Javier Cascante Elizondo, Superintendente General de Entidades Financieras; Jean-Luc Rich, Gerente General de Scotiabank en Costa Rica; y los comparecientes en el acta constitutiva en calidad de accionistas de Ecoteva Consulting Group S.A.”. Alfaro Murillo señaló que el objetivo es conocer “el origen de los fondos” que manejaron personas vinculadas a Toledo a través de diversas empresas.
Refirió que tras confirmar que Ecoteva Consulting Group se conformó con un capital social de US$ 3, con socios que eran empleados del estudio Rudelman, y que pese a ello recibió un préstamo de US$ 3 millones del Scotiabank, llegó a la conclusión de que “evidentemente hay varias dudas en este proceso”.
Dato relevante
Indicó que un dato relevante es que la Fiscalía de su país congeló una cuenta vinculada al caso por US$ 6.5 millones. “Es decir (las empresas vinculadas al caso) tienen más del doble de lo que pidieron prestado. La pregunta es cómo tienen esa cantidad de dinero en Costa Rica”, refirió.
“Lo que queremos es que los miembros de estas empresas y demás que no le dan información a los medios, la pongan sobre la mesa para que los ciudadanos podamos saber si es que no hay algún problema. Ahora, si hay algo que no esté correcto, entonces hacer un poquito de presión para que se resuelva este tema en (el) tribunal que corresponda”, anotó.
Detalló que Liberman debe explicar en qué contexto se reunió con Toledo, mientras que Rudelman, el proceso que acompañó la constitución de las empresas y a solicitud de quiénes. En el caso de Jean-Luc Rich debe aclarar “cuál fue la garantía que se dio para el préstamo de US$ 3 millones porque la empresa no tenía ningún respaldo, en teoría. Queremos saber quién aportó la garantía”. Finalmente, anotó que los “comparecientes del acta constitutiva darán cuenta del procedimiento seguido para la creación de las empresas”.
Fuente La Razon
