El alcalde de Tumbes, Manuel De Lama Hirsh, junto a siete de sus exfuncionarios y trabajadores, así como ingenieros que participaron como residentes de una obra, son investigados por el delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada.
El caso gira en torno al proyecto de recreación en el asentamiento Virgen del Cisne, el cual se encuentra paralizado hace más de un año.
Las irregularidades en esta obra motivaron a que se formalice y se continúe con la investigación preparatoria por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Correo tuvo acceso a documentos de la carpeta fiscal N° 3506015500-2017-15-0, en la que el caso es declarado complejo, sin embargo, ya existe una imputación individualizada a cada una de las personas involucradas en este proceso, haciéndose énfasis en sus responsabilidades tras los hechos cometidos.
De ese modo, en vista que el caso es complejo, se ha dispuesto que se amplíe la investigación de la Fiscalía por ocho meses más, por presuntamente existir un agravio contra el Estado, en este caso, contra la Municipalidad Provincial de Tumbes (MPT).
IMPUTADOS. La investigación de la Fiscalía no solo es contra el alcalde Manuel De Lama, sino contra Gleyda Zapata Caycho (quien se desempeñó como subgerente de obras), Orlando Alemán Alemán (inspector de obra), Franz Jara Vera (inspector de obra), Rogelio Velarde Pereira (inspector de obra), Julio Vargas Elías (inspector de obra), Milton Martínez Alvarado (exjefe de presupuesto) y Óscar Antony Masías (exadministrador), quienes serían los autores del delito.
En tanto, como cómplices extraneus figuran Dagner Quispe Alemán (residente de obra, quien posteriormente ocupó el cargo de gerente de infraestructura), Dheybi Martínez Villalobos (residente de obra), Jimmy Saavedra Pérez (residente de obra) y Anibal León Balladares (residente de obra).
Correo pudo conocer que los involucrados en este proceso fueron citados a declarar ante la Fiscalía durante la semana pasada, entre el 14 y 16 de noviembre.
PROYECTO. La obra consistía en la construcción de un complejo deportivo, financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el cual estuvo valorizado en S/1´500,214, tal como lo muestra la resolución gerencial N° 212-2016/MPT en la que se aprobó el expediente técnico con el monto de su ejecución.
Del mismo modo esta obra tenía un plazo de 90 días calendario para ser culminada y como parte de las estructuras que se pensaban realizar figuraba una piscina.
Irregularidades. La municipalidad de Tumbes fue la que ejecutó la obra bajo la modalidad de administración directa, sin haber publicado por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) los procesos de selección de bienes y contratación de servicios.
De ese modo, según la Fiscalía, se transgredió los artículos de la Ley de Contrataciones del Estado.
Es decir, la adquisición de los bienes y servicios de la obra fueron otorgados a proveedores elegidos a dedo.
De ese modo, se advierte que la entidad no convocó a un proceso de selección en la obra del complejo deportivo, incurriendo en la conducta de los funcionarios responsables del delito de colusión.
De acuerdo a las indagaciones, fueron los representantes de la municipalidad de Tumbes quienes dispusieron la ejecución de la obra y el fraccionamiento de bienes y servicios, al concertarse con varios proveedores para que, sin previamente haber participado en un proceso de selección, provean bienes y contraten servicios para la ejecución del proyecto
La Fiscalía hace hincapié en que para efectuar el proyecto, los funcionarios fraccionaron varios servicios a proveedores allegados a ellos, transgrediendo los dispositivos legales.
Acusaciones. En los documentos se lee que Manuel De Lama Hirsh es acusado de colusión agravada, debido a que en su condición de alcalde no supervisó el buen funcionamiento de la administración directa, siendo una de sus funciones principales, y al no efectuarla se generó un atraso y demora a la culminación del proyecto.
En tanto, la Fiscalía indica que Glenda Zapata, en su calidad de supervisora tuvo conocimiento del retraso de la obra, así como las malas condiciones en su ejecución, sin embargo hizo caso omiso, creando un perjuicio al Estado.
Asimismo, se lee que los inspectores de obra Orlando Alemán Alemán, Franz Jara Vera, Rogelio Velarde Pereira y Julio Vargas Elías omitieron subsanar las deficiencias que venían sucediendo con el desarrollo del proyecto.
Sobre Milton Martínez, la investigación señala que en su condición de subgerente de presupuesto aprobó la certificación de crédito presupuestario para la obra.
Del mismo modo, según la Fiscalía, Óscar Masías Férnández, en su condición de administrador, fue quien autorizó el pago presupuestario para los servicios del proyecto, sin embargo fue paralizado.
Por otro lado, los supuestos cómplices Dagner Quispe, Dheybi Martínez Villalobos y Jimmy Saavedra, en su calidad de residentes, son acusados de haberse coludido con los funcionarios públicos de la municipalidad de Tumbes, para perjudicar económicamente al Estado, paralizando la obra.
Ellos han manifestado que las paralizaciones ocurrieron debido a que no se les pagaba a los obreros, por cuanto no existía presupuesto para el pago correspondiente.
Asimismo, señalaron que los problemas climáticos por los que atravesó el departamento de Tumbes, fue uno de los factores para que se retrasara el proyecto que con tanto anhelo esperaban los pobladores del asentamiento humano Virgen del Cisne
Fuente Diario Correo
