La semana pasada, un estudio publicado por la contraloría pasó relativamente desapercibido entre amenazas de censura, nuevos audios y mociones de vacancia que podrían llevar al jefe del Congreso a portar la banda presidencial. El título del documento: “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: una aproximación exploratoria”.

Si bien el informe deja claro que las opiniones ahí vertidas no son necesariamente compartidas por la contraloría y que estas son responsabilidad de los autores, uno de ellos es el mismo contralor, Nelson Shack, por lo que son particularmente relevantes. A grandes rasgos, lo que el documento estima es que “alrededor del 15% del presupuesto público ejecutado se pierde por corrupción e inconducta funcional”.

Llevado a la billetera nacional, esto es aproximadamente 3% del PBI peruano. Es decir, según el estudio, si la ejecución presupuestal real del 2019 fue de S/156.278 millones, más de S/23 mil millones se habrían ido por el caño en sobornos, sobrecostos, tajadas, anticuchos y hermanitos.

La cifra es espantosa por donde se le mire. Es como si todos los recursos que asignó inicialmente el gobierno nacional para los sectores salud y educación en el presupuesto 2020 desaparecieran. Y es un monto tan grande que podría financiar seis nuevos bonos para cada uno de los casi cinco millones de beneficiarios que han recibido alguno de estos durante la emergencia sanitaria.

Esos S/23 mil millones, además, superan por mucho a los estimados realizados anteriormente por la oficina de control. Y es que en el 2016, el entonces contralor Fuad Khoury sostenía que el Perú perdía S/10 mil millones al año por corrupción, y que de ese monto la contraloría lograba detectar solo un 30%.

La cifra también está proporcionalmente por encima del promedio mundial calculado por el Fondo Monetario Internacional (2% del PBI global). Aunque, como bien advierte el documento publicado por la contraloría, esos estimados se limitan únicamente al pago de sobornos y dejan fuera otros tipos de corrupción (por lo que sus cálculos se quedan bastante cortos).

Visto en detalle, el perjuicio económico varía considerablemente entre regiones y sectores. Así, el estudio señala al Callao como la peor región en este aspecto y estima que uno de cada cuatro soles del presupuesto que se ejecuta en el primer puerto se pierde por actos de corrupción.

Al otro extremo de la lista se encuentran Cusco y La Libertad. Pero eso no quiere decir que sean del todo transparentes y eficientes, ya que el perjuicio económico en esas regiones igual alcanza a más del 11% del presupuesto ejecutado.

Para dimensionar la gravedad del asunto, los autores del informe hacen bien en explicar el costo de oportunidad de lo que se podría adquirir con el dinero perdido. Solo en el sector transportes, por ejemplo, el perjuicio económico del 2019 ascendería a S/2.893 millones y sería suficiente para construir una carretera nueva desde Lima hasta Tacna. En salud (S/1.152 millones) se podría cerrar el 88% de la brecha total de infraestructura del sector. Y en educación (S/1.749), casi 80 mil nuevos estudiantes del nivel secundaria podrían haber sido matriculados.

El problema, sin embargo, es que estos S/23 mil millones son solo la parte cuantificable de la corrupción peruana. Y este monto no incluye los millones que se pagan cada día en coimas para evitar multas, obtener licencias, ignorar la regulación y acceder a servicios en todos los niveles del gobierno. Con esto, la contraloría ha mostrado el primer piso de un edificio gigantesco, pero este es tan alto que no se puede ver dónde termina.

Fuente El Comercio

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