El mecanismo de Obras por Impuestos se está utilizando cada vez menos. Si bien en 2019 hubo una recuperación en cuanto al monto de inversión comprometida, los datos de ProInversión muestran que la cantidad de proyectos adjudicados y el número de empresas que participan de este mecanismo están a la baja, advierte Comex en su último semanario.

Mientras que en 2018 participaron 36 empresas y se adjudicaron 56 proyectos, en 2019 fueron 17 empresas y 26 proyectos registrados.

En cuanto a este año, solo se han adjudicado 13 proyectos (seis durante el estado de emergencia) por un monto de S/ 78 millones, a través de seis empresas.

Comex advierte que no se trata de una situación de escasez en cuanto a proyectos disponibles, puesto que a fines del año pasado ProInversión contaba con una cartera de 461 proyectos priorizados por entidades del Estado, por un valor S/ 9,428 millones. Es decir, son las empresas las que están reduciendo su participación en las OxI.

El problema radica es que el mecanismo en sí todavía presenta múltiples cuellos de botella que desincentivan a las empresas.

Varios procedimientos y permisos se tramitan con lentitud, lo que impide cumplir con los plazos establecidos de ejecución.

A su vez -dice Comex- existe una importante carencia de conocimientos relacionados con OxI en los distintos niveles de gobierno, por lo que se dan escenarios en los que se paralizan proyectos porque autoridades y funcionarios desconocen los procesos, la normativa o cuentan con pocas aptitudes técnicas.

Finalmente, y en parte como consecuencia de los problemas anteriormente descritos, la entrega de los certificados que reconocen el monto total de inversión de las empresas se retrasa (o, visto de otro modo, la inversión no se reconoce al 100%), incluso en obras que ya han sido físicamente concluidas.

De hecho, según la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), existen al menos 109 proyectos culminados, recibidos o liquidados que no cuentan con la entrega completa de sus certificados, 29 de ellos, inclusive, con una emisión igual a cero.

La mayoría de estos proyectos fueron suscritos en los años 2016 y 2017, y gran parte pertenecen a empresas que por varios años ejecutaron OxI, pero que en 2018 y 2019 dejaron de hacerlo.

“A la luz de estas limitantes que han vuelto al mecanismo menos atractivo para el sector privado, es necesario que se realice una optimización. Otorgar más dinero a las entidades públicas para la emisión de certificados (Decreto Supremo 164- 2020–EF) no es la solución. Esta debe apuntar a la simplificación de procesos, dar flexibilidad, tener un capital humano más capacitado y dar mayor seguridad y eficiencia a la entrega de los certificados”, precisó Comex.

Algunas medidas tomadas recientemente sí van en esta dirección, como la publicación por parte del MEF de la Guía metodológica del mecanismo de obras por impuestos, que busca estandarizar todos los procedimientos relacionados y facilitar la comprensión y aplicación de OxI.

Del mismo modo, en mayo, se dio luz verde a la emisión electrónica de los certificados por parte de todas las entidades públicas, lo que agiliza la solicitud y la entrega. Son este tipo de iniciativas las que el Estado debe promover para que veamos un cambio en la tendencia de los últimos años. No desaprovechemos tan buena herramienta, mucho menos ahora.

Fuente Diario Gestión

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