El Ministerio de Educación (Minedu) resolvió cancelar el proceso de compra de más de un millón de tabletas, equipos y planes de datos, porque la empresa ganadora del proceso de licitación incumplió con presentar la carta fianza y no acreditó su relación comercial con el fabricante de los equipos.
Esta decisión se tomó luego de más de tres meses de que el presidente de la República informara del inicio de esta compra como una medida urgente para fortalecer la educación remota, en respuesta a la pandemia.
El ministro del sector ha reconocido el retraso y ha indicado que su despacho resolvió realizar una licitación a pesar de que tiene habilitado el marco legal para una adjudicación directa. Ahora, luego de varios meses perdidos, la adquisición se hará mediante esa modalidad a pesar de que, como señaló el titular del Minedu, el mercado de estos productos se encuentra presionado por una demanda parecida a la que experimentan las pruebas para el Covid-19.
Es inobjetable que en este caso concurren además la mala fe de la empresa que ganó la licitación, los tradicionales problemas de demora del proceso de selección por la profusión de procedimientos y normas, el temor de los funcionarios a correr el riesgo por los antecedentes judicializados y el déficit de competencias técnicas en los equipos a cargo de los procesos.
Es obvio que en los descargos las autoridades absolutizan con frecuencia uno de estos aspectos y que, en estos casos, cabe la asunción de una responsabilidad política. Sin embargo, este como en otros casos desnuda un problema que no se ha resuelto a pesar de los cambios normativos reiterados. Las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, la última del año 2018 de acuerdo a los parámetros de la OSCE, son incontables.
Otras formas de contratación pública objeto de entramados corruptos relacionados con la construcción de infraestructura o con la inversión pública también fueron reformadas en los últimos años, luego de lo cual no se mejoró la contratación como proceso y no se garantizó más transparencia.
Los casos de corrupción durante la pandemia son testimonio de esta sucesión de reveses. La decisión del Gobierno de trasladar la ejecución de parte de la inversión pública a la modalidad de gobierno a gobierno es consecuencia de lo señalado, aunque persiste la obligación de reformar de modo serio y sostenible la contratación pública del Estado al margen del volumen, presionada para responder con oportunidad e idoneidad en este momento excepcional de la gestión pública.
Fuente La República
