Jorge Elías Alva, padre de ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, negó tener algún tipo de relación con Hidroenergía Consultores en Ingeniería, empresa que cerró contratos con el Estado por S/ 1 557 000 el 27 de noviembre del 2019.

“Quiero aclarar que me desvinculé de la empresa en 2015 y no tengo injerencia en sus asuntos desde ese momento ni recibo ingresos de su empresa desde 2014. He iniciado un juicio que continúa en curso. Ni yo, ni mi familia, tenemos conocimiento de sus contrataciones debido, justamente, a que estoy en juicio con ellos”, sostuvo en sus redes sociales.

Conforme reveló América TV, luego que María Antonieta Alva juró como titular del Ministerio de Economía y Finanzas el pasado 3 de octubre del 2019, dos meses después, el 27 de noviembre, el programa adscrito al Minagri, gestionado por el ministro Jorge Montenegro, le otorgó la buena pro al Consorcio Geoservice – Hidroenergía, para que brinde servicios de consultoría y percibió S/ 1 557 000.

En ese sentido, una de las dos empresas que integra el consorcio ganador es Hidroenergía Consultores en Ingeniería, una compañía de responsabilidad limitada que entre sus accionistas figuran Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi, padre y hermano, respectivamente, de la actual ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi. Incumpliendo así la ley de Contrataciones que estipula que ambos familiares están impedidos de celebrar contratos con el Estado.

“Hay una falta administrativa que determina la inhabilitación de las empresas que conforman el consorcio y esto lo tenía que haber hecho el OCSE, sin que haya una denuncia pública porque ésa es su función”, expresó Mónica Yaya, expresidenta del tribunal de este organismo fiscalizador al medio anteriormente mencionado.

Asimismo, la exfuncionaria del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OCSE) subrayó que “tendrá que iniciarse una investigación a nivel fiscal, porque al indicar que no había impedimento, se ha incurrido en el delito de falsa declaración en el proceso administrativo que tiene una pena privativa de la libertad hasta de 4 años”.

Cabe recordar que el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado manifiesta que están impedidos de contratar con el Estado el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los ministros en función.

Fuente La República

 

 

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