El 26 de octubre de 2018, poco antes de culminar su mandato como gobernador del Callao, el procesado por corrupción Félix Moreno, aprovechando que el Poder Judicial lo había dejado en libertad, otorgó a la empresa colombiana Constructora CRD, sin licitación, directamente a dedo, la culminación del proyecto del tramo chalaco de la Costa Verde por 59 millones de soles. Odebrecht había abandonado esa obra cuando se descubrió que la compañía brasileña pagó una coima de 4 millones de dólares al mismísimo Moreno a cambio de esa construcción, precisamente.
A pesar del escándalo con Odebrecht, Moreno entregó la finalización de la Costa Verde a otra empresa corrupta, Constructora CRD, acusada de haber pagado coimas a los hermanos fujimoristas Becerril Rodríguez para que el exalcalde de Chiclayo David Cornejo le adjudicase sin concurso una obra de 11 millones de soles. En poco menos de tres años, entre 2015 y 2018, la compañía colombiana Constructora CRD ganó contrataciones para obras públicas por 188.5 millones de soles sin contar con una sola máquina en el país.
Sus funcionarios ya no viven en el Perú. Desmantelaron su oficina de San Isidro y en Colombia nadie da razón de ellos. Pero si quieren regresar y volver a ganar contratos millonarios con gobiernos regionales y municipios provinciales y distritales, además de entidades del Estado, podrán hacerlo sin ningún problema. Como lo han confirmado el Organismo Supervisor de Contratos con el Estado y la Contraloría General de la República, mientras no exista sentencia firme del Poder Judicial cualquier empresa como Constructora CRD puede participar y ganar licitaciones, o recibir adjudicaciones de millonarias obras públicas.
Para qué asaltar un banco, si solo basta con inscribir una proveedora del Estado en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos con un simple capital de 1.000 soles y facturar centenares de millones de soles, como Constructora CRD. De hecho, en el Registro Nacional de Proveedores la compañía colombiana en este momento aparece como habilitada para contratar con el Estado.
Tampoco la mayoría de empresas implicadas en el caso del “Club de la Construcción” tiene impedimento para participar en licitaciones o para recibir directamente contrataciones con organismos estatales, como la constructora CASA. Dos aspirantes a colaborador eficaz han mencionado que esta compañía pagaba supuestamente coimas o “diezmos” (10 por ciento del total de la obra pública) con el fin de que se le asigne algún proyecto millonario. Sin embargo, hoy mismo CASA, y los demás implicados en el “Club de la Construcción”, tienen la completa libertad de presentarse a las licitaciones públicas y contratar con el Estado mientras no exista sentencia firme.
En una columna anterior referimos el caso de una familia ayacuchana que luego de fracasar en el negocio del narcotráfico, se dedicó a la obra pública porque resultaba mucho más rentable debido a que el riesgo de cárcel era muy menor. Si un narco cae preso, difícilmente su negocio continuará progresando. Pero un corrupto empresario de la construcción, aunque se encuentre sometido a investigación por la fiscalía, o temporalmente es encerrado en la cárcel por mandato judicial, podrá seguir contratando con entidades públicas hasta que no reciba condena. La obra pública es la principal fuente de corrupción en el Perú y nadie hace nada para evitarlo. Es el reino del “diezmo”.
Fuente La República
