El megacaso de corrupción Lava Jato en Perú ha involucrado a más de cien personas entre empresarios, políticos y operadores que habrían facilitado ilegalmente a la constructora Odebrecht la licitación de millonarias obras a cambio de sobornos igual de jugosos.

Las licitaciones de estos cuestionados proyectos de infraestructura vienen desde las gestiones presidenciales de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García e implican a Pedro Pablo Kuczynski cuando fue ministro de Toledo.

Una de las aristas de esta compleja trama de corrupción se dio entre 2011 y 2014. La Fiscalía identificó a un grupo de al menos 30 empresas peruanas y brasileñas que se reunían de manera periódica para, presuntamente, repartirse obras licitadas por Provías Nacional. A este colectivo se le llamó el Club de la Construcción.

Para 15 de los 17 investigados del grupo, la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato ha pedido el embargo provisional de bienes por un total de S/15’435,840, entre casas, estacionamientos, terrenos, departamentos, vehículos y acciones.

Este monto corresponde a las medidas cautelares aprobadas ya por el Poder Judicial hasta la primera semana de diciembre de 2018. No obstante, la solicitud preliminar de embargos que ha presentado la Procuraduría es por la suma total de S/64’000,000.

La defensa del Estado tiene un área civil encargada específicamente de la gestión de estos pedidos y, conforme avancen las indagaciones, el monto de los embargos también irá aumentando.

Los investigados son las personas naturales que trabajaron para las empresas, pero 12 firmas han sido incluidas como terceros civilmente responsables.

ASEGURAR COBROS

¿Por qué son importantes estas medidas? La Procuraduría calcula que los negociados del caso Lava Jato le causaron al Estado un perjuicio de más de US$250’000,000. Es decir, 32 veces lo destinado para la reconstrucción de los desastres de El Niño costero; 20 veces lo que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social presupuestó para la lucha contra la anemia; o siete veces la suma para cubrir la brecha de infraestructura vial del país. El objetivo de los embargos es que el Estado pueda recuperar parte de estas pérdidas.

Fuentes expertas consultadas por este diario explicaron que debido a la prolongada duración de los procesos judiciales existe un alto riesgo de que los acusados tengan el tiempo suficiente para transferir sus activos a favor de terceros. De esta manera, ante una eventual sentencia e imposición de una reparación civil, el Estado no tendría cómo cobrar el dinero que corresponda a quienes resulten responsables.

Para evitar dicho escenario es que se han logrado congelar las propiedades ante Registros Públicos, de manera que los investigados no podrán hacer ninguna transacción con esos bienes hasta que el juicio termine y se dicte una sentencia.

LAS OPERACIONES DEL CLUB

Según las indagaciones de la Fiscalía del caso Lava Jato, los miembros del Club de la Construcción se reunían para decidir quiénes obtendrían las licitaciones de las carreteras de Provías Nacional.

Una vez repartidas las obras, le comunicaban la decisión al lobista Rodolfo Prialé de la Peña, quien, a su turno, le hacía llegar la información al entonces asesor del Viceministerio de Transportes, Carlos García Alcázar. Era este último quien viabilizaba los acuerdos del club. Las empresas que obtenían la buena pro pagaban al lobista una comisión de 2.92% del valor referencial de la obra.

A la fecha, el único que cumple prisión preventiva es Carlos García. El Poder Judicial dictó la misma medida para el lobista Prialé y su socio Humberto Prevoo Neira, pero los dos están prófugos. Mientras tanto, algunos de los investigados tienen impedimento de salida del país, otros comparecencia simple.

Fuente Perú21

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