Nuestra altísima tolerancia a la corrupción nos lleva a que prácticamente nos hayamos olvidado de Lava Jato. Justo cuando la Corte Superior de Justicia aprovecha y revierte una decisión del juzgado de incluir a Graña y Montero como investigada. ¡Y no pasa nada!
La corrupción nos afecta a todos los ciudadanos, en mayor o menor medida. Eleva los costos de transacción de hacer empresa en el país. Sin importar si el empresario quiere hacer las cosas bien, obtener todas las autorizaciones necesarias, generar riqueza, puestos de trabajo y pagar impuestos.
Le aseguro que en el camino tendrá que lidiar con alguna institución u organismo público donde un muy serio funcionario le pedirá una colaboración para acelerar los trámites, para corregir los documentos presentados, porque el estudio no cumple con los requisitos, pero para su suerte, el funcionario tiene un primo que se los corrige y le resuelve el problema. Niéguese, y olvídese. No obtendrá permiso alguno y lo más probable es que el funcionario se encargue de sembrarle alguna ilegalidad.
Quienes hacen empresa saben que no exagero. Sin embargo, la corrupción afecta en mayor medida a las poblaciones más pobres, aquellas que requieren de los servicios del Estado para acceder a necesidades básicas. Ello porque desvía recursos. Pero, además, porque el acceso de esas poblaciones a las instituciones es privativo. ¿Sabe cuánto le toma a una comunidad campesina inscribir a su asamblea recientemente elegida?
Alrededor de 8 meses y S/5,000. Siempre habrá un registrador presto a observar lo inobservable, aquello que la ley no exige y un notario amigo del registrador que se ofrecerá a ayudar. Las colas para obtener citas en Essalud empiezan el día anterior, y toma 18 días programar una cita. Por eso, nos debería enfurecer los recientes hallazgos en el caso Lava Jato. La empresa Don Reyna, cuyos accionistas son los hijos del ex secretario de Alan García, Luis Nava, habría sido contratada por Odebrecht por US$17 millones.
¡Durante el gobierno de García! Hace unos días, el jefe del INPE tuvo que renunciar luego de que se hicieran públicas las contrataciones para consultorías a sus amigotes. El INPE, institución encargada de las cárceles del Perú, donde la cantidad de internos es 232% superior a la capacidad de albergue y las condiciones de vida no cumplen estándares mínimos. Y seguimos creyendo que vamos a llegar a la OCDE.
Fuente Perú21
