Uno de los grandes problemas que se ha detectado en este periodo de emergencia es la falencia en el sistema de compras del Estado peruano, lento, burocrático y con grandes espacios para la corrupción. La Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF ha tenido variaciones en el tiempo, pero en este último cambio se han presentado deficiencias que permiten compras a dedo y que limita la posibilidad de comunicar ilegalidad en las compras. Sólo comentaré un par por cuestiones de espacio.
La corrupción en general es mala, pero en Salud la corrupción mata. Comprar un producto médico con recursos del Estado direccionando un proceso porque al profesional de la salud le gusta la marca, o porque trabaja con ese proveedor en la parte privada, es corrupción y hay que dejarlo bien claro. No se debe entregar licitaciones a proveedores que terminan siendo el único que aprueba las especificaciones técnicas a pesar que se presentan varios postores, incluso cuando las patentes están vencidas. Adicionalmente esto se agrava cuando se direcciona hacia el postor con la propuesta más cara. Recuerden que utilizar razones como la “calidad” o “no cumple especificaciones técnicas” para descalificar, sin una lista objetiva de requisitos claramente identificados pueden terminar metiéndolo en un problema legal si es que el informe se utiliza para direccionar una compra en una licitación.
Y aquí empieza el segundo problema en la Ley 30225 porque, aunque se puede reclamar mediante un derecho que se llama “apelación” para poder ejercerlo según el artículo 124, se necesita poner de garantía 3% del valor estimado o valor referencial del procedimiento de selección o del ítem que se desea impugnar. Es decir, si veo que el Comité de selección le está entregando la buena pro a un postor de una manera direccionada por S/ 1,000,000 debemos poner S/ 30,000 (3% de garantía) para ejercer nuestro derecho y si pierdes la apelación, pierdes ese dinero.
El Estado tiene que generar las condiciones necesarias para permitirle a los ciudadanos ayudar en el cuidado de los recursos públicos. El primer fiscalizador de una licitación es el proveedor que compite en ella cuando ve que algo malo está sucediendo en una compra. Por eso que es indispensable reducir esa garantía por lo menos al 0.5%, porque eso permitirá que tengamos más ciudadanos cuidando los recursos del Estado.
Confío en que cada vez seamos más y podamos vencer a esos que aprovechan su posición para beneficio propio. Le digo a los pequeños empresarios y a los jóvenes que no están solos, cambiemos las reglas, no perdamos la esperanza y lo más importante como diría Churchill: “nunca, nunca, nunca, nunca, te rindas”.
Fuente Diario Expreso
