Desde agosto de 2016, la millonaria obra de los Emisores Principales de Chiclayo, valuada en cerca de 90 millones y cuya unidad ejecutora es la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) está paralizada, por lo que no cumple su objetivo de mejorar el sistema de alcantarillado y agua potable.

Fue a raíz de los cuestionamientos técnicos en la primera etapa de su ejecución de la obra que la Contraloría General de la República realizó una auditoría cuyos resultados indican que la reformulación del expediente técnico se aprobó con diseños deficientes y con carencias de estudios básicos; sin embargo, se desembolsó 591,901 soles.

Al mismo tiempo el ente de control identificó a 27 personas (funcionarios y técnicos) comprendidas en estos hechos.

El caso

De la revisión del expediente técnico se evidenció que la EPS contrató sin concurso público a cinco profesionales para el levantamiento de observaciones y reformulación del expediente técnico.

El expediente técnico tuvo luz verde a pesar de no tener los documentos de libre disponibilidad física de los terrenos en los que se ejecutaría la obra. Además el diseño de concreto, metrado de elementos de concreto y el cálculo de excavaciones se realizaron sin el estudio de mecánica de suelos.

Incluso se detectó que la calidad del concreto utilizado es menor a la mínima.

El ente de control especificó que el estudio topográfico tiene deficiencias. También refirió que al proyectarse un emisor por encima de los colectores actuales genera que el diseño hidráulico no cumpla con los parámetros mínimos. Igualmente se precisa que el expediente técnico carece de diseño y autorización para cruces de vía, drenes y canales, así como del plan de monitoreo arqueológico y los certificados de inexistencia de restos arqueológicos.

Datos

La Contraloría detectó que la EPS determinó el costo de reproducción de las bases administrativas, evaluación de las propuestas técnicas antes de la fecha establecida en las bases integradas. Cabe precisar que se integró bases sin respetar las disposiciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

En este caso los exgerentes generales José Valdivia, José Baca Távara y Néstor Salinas, así como el exgerente de Administración, Juan Carlos Torres Oballe, Cristian Soriano, Roy Cruzate, entre otros funcionarios, tendrían responsabilidad.

Fuente La República

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