La implementación de modelos de prevención de delitos en el interior de las organizaciones es una prioridad para las empresas modernas, tanto como para el sector público. Y lo es más en el Perú, donde las encuestas sobre corrupción revelan que siete de cada diez empresarios son percibidos como corruptos.
A esta conclusión arribaron los especialistas reunidos en el desayuno empresarial: Compliance: Desafíos para las empresas peruanas y la experiencia chilena, organizado por la Confiep y la alianza García Sayán Abogados – BH Compliance.
Al foro asistieron Ricardo Bernales, miembro del Consejo Privado Anticorrupción – CPA; y Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad que ya cuenta con un nuevo reglamento con mayores exigencias para empresas.
“De no implementar el modelo de prevención de delitos, la persona jurídica no podrá ser eximida o atenuar su responsabilidad administrativa, en caso de verse involucrada en denuncia penal por delitos de cohecho, lavado de activos o financiamiento del terrorismo”, señaló Shirley Cárdenas, del estudio García Sayán Abogados, durante su exposición.
Fuente La República