El exalcalde de distrital de Mochumí y de la provincia de Lambayeque, Alexander Rodríguez Alvarado, fue condenado con 3 años de prisión suspendida, por el período de prueba de 2 años, por el presunto delito de colusión, en agravio de la Municipalidad Distrital de Mochumí. El también excandidato al gobierno regional por Alianza Para el Progreso (APP) deberá cumplir una inhabilitación de tres años para ejercer cargo público.
Similar condena y período de inhabilitación se dictó contra el exfuncionario Juan José Peche Damían, por el delito de colusión. Mientras se sentenció con 2 años y 6 meses de cárcel suspendida al proveedor Ermitaño Espejo Rojas, por el delito de colusión simple.
Además, los sentenciados deberá pagar una reparación civil de S/ 20.000 de manera solidaria, a través de depósitos en el Banco de la Naión, a favor de la comuna distrital de Mochumí.
Las condenas fueron emitidas por el Décimo Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Teoría
A Alexander Rodríguez, en su condición de exburgomaestre de Mochumí, y Juan Peche Damián se les atribuyó haber concertado con el proveedor Ermitaño Espejo, para favorecer a este último con contrataciones para la adquisición de diversos materiales de construcción, excluyendo procesos establecidos en la Ley de Contrataciones.
El fiscal a cargo del caso, Celso Saavedra Ramírez, consideró que las contrataciones fueron fraccionadas indebidamente para que los bienes puedan ser adquiridos de manera directa, en lugar de procesos de selección donde Espero Rojas hubiera tenido que presentarse con otros postores.
Además, en las diferentes sesiones de juicio oral, la Fiscalía argumentó que la empresa del citado proveedor, Negocios e Inversiones H Espejo EIRL, no contaba con registro para contratar con el Estado y no acreditaba experiencia en el rubro.
Asimismo, la Fiscalía en su requerimiento acusatorio detalló que entre el año 2011 y 2012 la comuna de Mochumí contrató con la mencionada empresa en 11 oportunidades, de acuerdo a comprobantes de pago a los que accedió el fiscal.
Fuente La República
