Giselle Zegarra, exfuncionaria de la Municipalidad de Lima, investigada por firmar el contrato original de concesión de la vía Línea Amarilla, aseguró que este fue totalmente legal, pero que cuando Susana Villarán ingresó como alcaldesa, lo desnaturalizó, beneficiando a la empresa OAS.
“Firmé un contrato de US$ 571 millones que nació bien y legal, aprobado por unanimidad por el concejo y no tuvo ninguna observación. La siguiente gestión, los concesionarios tuvieron que esperar que yo salga para modificar este contrato a su antojo, un contrato que no les era cómodo”, aseguró en Canal N.
Según el exregidor Martín Bustamante y el exdirector de OAS, Leao Pinheiro, Zegarra, estuvo en las reuniones donde los ejecutivos de la empresa brasileña acordaban financiar a Luis Casteñeda Lossio, quien inició las tratativas del contrato, y luego accedió a hacer un baipás con el dinero del fideicomiso.
Por esto y otros hechos, el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público está pidiendo 36 meses de prisión preventiva para Zegarra, Castañeda y José Luna.
“La gestión Villarán permitió salir a OAS antes de que acaben las obras y antes de los tres años estipulados para modificar un contrato de concesión. Entonces, tuvieron que esperar que yo salga para hacer esos cambios”, concluyó.
Susana Villarán es sindicada por el Ministerio Público por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Actualmente, cumple prisión preventiva, pero este miércoles se evaluará su hábeas corpus para afrontar su investigación en libertad.
Ella está en prisión preventiva, así como su ex mano derecha José Miguel Castro alias “Budián”, gerente municipal de las tratativas con Odebrecht, en los también polémicos peajes de Rutas de Lima.
El también exfuncionario villaranista Domingo Arzubialde está en prisión, condenado por negociación incompatible, ya que fue parte del tinglado para elevar los precios de los peajes de la Vía de Evitamiento.
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