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Exgobernador regional de Apurímac, Elías Segovia, pretende librarse de acusaciones por corrupción

Exgobernador regional de Apurímac, Elías Segovia, pretende librarse de acusaciones por corrupción

El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria, José Ricardo López Mantilla, declaró infundado el pedido de excepción de improcedencia solicitado por el expresidente regional Elías Segovia Ruíz, procesado por los delitos de malversación de fondos, falsedad genérica, asociación ilícita, entre otros más.

La audiencia donde vio este pedido se desarrolló el último miércoles desde las 10 de la mañana, sin embargo, ésta se prolongó hasta bien entrada la noche por los alegatos presentados tanto por la parte acusatoria como la defensa técnica.

Segovia Ruíz con esta maniobra legal, ensayó con poco éxito una nueva estrategia de defensa para evadir las acusaciones formuladas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac.

De acuerdo a información obtenida, aproximadamente son 15 las investigaciones preliminares por presuntos delitos de corrupción en perjuicio del Gobierno Regional de Apurímac que deberá afrontar el exmandatario regional en los siguientes meses.

La defensa técnica señaló que los presupuestos tomados de los proyectos de inversión y orientados a otras obras eran “saldos de libre disponibilidad” cuyo uso está contemplado en la Ley de Presupuesto Público y, por lo tanto, no había delito ni razón alguna para acusar al expresidente regional.

El abogado (de Segovia Ruíz) incluso llegó a manifestar que las carpetas de control presentadas por la Contraloría como pruebas periciales, eran simples documentos contables que no reflejaban la realidad del manejo administrativo que su patrocinado había realizado, el cual está regulado a través del SIAF y, por lo tanto, todas sus acciones eran legales.

Por su parte, el fiscal anticorrupción Luis Arturo Ballón Segovia, señaló que este pedido era una argucia más presentada por la defensa de Segovia Ruíz para dilatar el proceso, toda vez que la acusación fiscal no se basa en tres resoluciones ejecutivas regionales, sino en un centenar de estos documentos que fueron firmados con su puño y letra, y que hoy son materia de investigación.

Fuente Diario Correo

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