El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, presentó al Congreso de la República los primeros cinco proyectos de ley para mejorar los niveles de lucha contra la corrupción en el sector público y privado.
Las iniciativas, dirigidas al presidente del Congreso de la República, forman parte del grupo de 100 acciones concretas hacia el establecimiento de una Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que fueron elaboradas por el titular del Ministerio Público al dejar el cargo de presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN Anticorrupción).
El primer proyecto de ley propone que se apruebe la Ley General de Protección al Denunciante de delitos contra la Administración Pública, que busca establecer mecanismos idóneos para denunciar actos de corrupción en la administración pública, viabilizando medidas de protección para el denunciante de buena fe.
El segundo proyecto de ley pretende incorporar el artículo 214-A al Código Penal, que establece sancionar penalmente el delito de corrupción privada para casos de trabajadores o directivos de empresas del sector privado, tipo penal novedoso en nuestra legislación pero necesario conforme a los nuevos estándares en la lucha contra la corrupción en el sector privado.
La tercera iniciativa presentada por el titular del Ministerio Público se refiere a la modificación del artículo 425 del Código Penal, con el fin de considerar a los árbitros como funcionarios o servidores públicos, siempre y cuando las entidades u organismos del Estado formen parte de la controversia arbitral.
El cuarto proyecto de ley que crea los Comités de Vigilancia Ciudadana o Veedurías Ciudadanas en los procesos de contrataciones estatales y de inversión pública, que se encargarían de fiscalizar la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e inversiones; así como de los procesos de adquisición de bienes o servicios en una determinada localidad, iniciativa legislativa que busca fortalecer a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción pública, medida además que es recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Finalmente, el quinto proyecto de ley propone modificar el artículo 298 del Código Procesal Penal referido a incluir en la medida de suspensión temporal del ejercicio de cargo, empleo o comisión de carácter público, a los funcionarios públicos que provengan de elección popular, teniendo como finalidad luchar eficientemente contra la corrupción pública y criminalidad organizada, especialmente cuando se utiliza el cargo público -político para seguir delinquiendo.
En junio, el Fiscal de la Nación propuso un conjunto de 100 acciones concretas de política nacional de integridad y de lucha contra la corrupción en nuestro país aplicable tanto al sector público como privado, que son afines a las recomendaciones elaboradas por la OCDE y son el resultado de su trabajo como presidente de la CAN – Anticorrupción.
Fuente Diario Gestión
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