En los más de cuarenta minutos que empleó la presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Nancy Moreno Rivera, para sus alegatos de clausura en la audiencia de apelación a la condena de cuatro años de cárcel que tiene el alcalde provincial Julio Cortez Rojas, explicó en que se basa el Ministerio Público para solicitar a los miembros de la Sala Penal de Apelaciones que confirmen “en todos sus extremos” la condena por malversación de fondos contra Cortez, Victoria Espinoza y los exfuncionarios ediles Elmer Llontop y Gabriela Vargas Alcántara.
Como se conoce, todos ellos fueron sentenciados por presuntamente haber dado un uso diferente a 2 millones 925 mil 567 soles pertenecientes a la transferencia de 19 millones de soles que recibió la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) en el 2010 para la ejecución de obras de agua y desague en el marco del programa “Agua para Todos”.
La Fiscalía y el Poder Judicial coinciden en el criterio de que los más de 2 millones de soles debieron ser revetidos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y no empleados en obras de parques, complejos deportivos e instituciones educativas, como lo hicieron los funcionarios edilicios en la primera gestión de Victoria Espinoza.
DOCUMENTALES. En su intervención Moreno trató de traerse abajo cada uno de los argumentos de defensa que fueron expuestos por los abogados de los sentenciados, quienes buscan que la condena sea anulada, y en algunos casos sean absueltos del proceso.
La fiscal indicó que la indagación del Ministerio Público por este caso se inició con las conclusiones que quedaron plasmadas en un acta de monitero que se elaboró en una visita con funcionarios del Ministerio de Vivienda cuando llegaron a Chimbote para hacer un monitoreo de cómo se estaban gastando esos recursos.
“Advierten que la unidad ejecutora, es decir, la Municipalidad Provincial del Santa había incurrido en utilización indebida de fondos, realizando modificaciones presupuestarias hacia partidas que no correspondía. Y se levanta el acta de fecha 24 de febrero de 2011. En el acta de moniterio dice que se debe comunicar al Órgano de Control de la Municipalidad Provincial del Santa y a la Contraloría General de la República”, señaló Moreno contradiciendo lo dicho por los abogados de los acusados que aseveraban que Vivienda nunca detectó irregularidades en el uso de los fondos.
Además, Moreno también mostró el informe especial 006-2011 de la misma MPS, emitido por la Oficina de Control Interno (OCI) – área dependiente de la Contraloría- en el que se da cuenta que el dinero transferido habría tenido “una aplicación diferente” a la que estaba estipulada.
Otros documentos que dan cuenta de las presuntas irregularidades son los informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el informe de Asesoria Legal. Ambos escritos hechos por funcionarios de la comuna en el 2011.
La fiscal Nancy Moreno calificó como “contundente” la pericia elaborada por la perito adscrita al Ministerio Público, Margarita Lavandera. Este informe, cuestionado por la defensa, fue elaborado con notas de modificación presupuestaria, extradías del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
“Esa pericia cuestionada fue ampliamente debatida y pudo haber sido rebatida con una pericia de parte lo cual jamás lo presentaron ¿Y porqué no lo presentaron? porque la información que recaba el perito para esta pericia, la extrajo del SIAF. Cualquier perito que podía peritar este hecho, debía llegar a la misma conclusión. Eso es. Ese sistema no puede ser modificado absolutamente por nadie (…) En esta pericia se puede apreciar como han registrado notas modificatorias ilegales”, sentenció la fiscal.
Luego la magistrada mencionó las actas de recepción de algunas de las obras que fueron ejecutadas – “inadecudamente” – con recursos de Vivienda. Con esto dijo que se prueba que el dinero no regresó.
Lo que vino después fue, a criterio de entendidos, lapidario para la parte acusada. En su condición de fiscal superior, Nancy Moreno, realizó una consulta web al Ministerio de Vivienda para informase “si era viable lo que argumentan los abogados de hacer las transferencias de sanemaiento a urbanismo y urbanismo a seanemiento”.
En el informe 156 – 2016, la Oficina de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, responde a Moreno en abril de este año lo siguiente: “En consecuencia a lo señalado en los párrafos anteriores, los recursos transferidos a la que hace referencia la usuaria, no pueden ser utilizados a fines distintos de lo autorizado en un decreto supremo, más aún si estos proyectos han sido ejecutados en el marco de un convenio específico y de acuerdo a un costo de inversión viabilizado en el marco del Sistema de Inversión”.
FRONTAL. En su intervención Moreno fue resolviendo una por una las objeciones hechas por la defensa de los sentenciados al fallo que dictó el juez David Aguilar.
La fiscal sostuvo frente a la postura de la defensa de que el fallo era solo “elucubración del juez”, de que tanto el convenio con el Ministerio de Vivienda, así como los Decretos Supremos 100 y 107 con el que se transfirieron los recursos especificaban que el dinero estaba destinado únicamente a obras de agua y desague.
“ El decreto supremo claramente dice que los saldos disponibles van a ser reasignados a otras prioridades definidas en el programa ‘Agua para Todos’, es decir si había saldos, lo que se disponía en ese decreto supremo, es que sean reasignados para que se cumplan con la finalidad del programa, de dotar y mejorar el servicio del agua, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, señaló y luego agregó que sí exisitó “afectación a la función encomendada”.
Señaló que el dicho que no ha sido materia del requerimiento acusatorio las obras a donde se destinaron los más de 2 millones de soles “es una afirmación inexacta”.
“Desde el requerimiento acusatorio, descrito y orializado en el juicio, la tesis del Ministerio Público es de que se desviaron los fondos de estos programas a un número de obras, entre ellas se encuentran estas seis obras que han sido materia de condena. No habido vulneración al principio acusatorio. Es más, han sido materia de la pericia estas obras”, expresó.
Sobre la presunta vulneración al principio de verificación necesaria que alega la defensa, señaló que “desde el inicio el fiscal ha indicado específicamente cuáles son los cargos que pesan sobre cada uno de los imputados”.
Los abogados de los acusados han dicho que existió un desfase presupuestal y que por ello se vieron obligados a utilizar los recursos y luego devolverlos. La Fiscalía cree que esta afirmación “no está probado”
“Ello no ha sido probado. Es más se hubiera habido ese desfase, eso fue en el 2009 y lo que es materia del proceso, señores, son el desvío de los fondos que fueron transferidos en mayo del 2010”, mencionó.
“Refieren que existe un cambio de prioridad debido a un estado de emergencia, originado por el desfase de no haber recibido la segunda remesa de las obras que estaban en ejecución. Una situación de emergencia no se puede acreditar con una denuncia en la Fiscalía, se tiene que hacer con un informe técnico, el cual no tienen”, agregó.
Además dijo que los sentenciados argumentan que no se ha podido acreditar que las modificaciones presupuestarias hayan sido irregulares porque la Ley General de Presupuestos, permiten dichas modificaciones. Sin embargo remarcó que “la ley permite modificaciones, pero delimita supuestos y en ninguno de los supuestos está la modificación que han realizado ellos”.
QUE SE RATIFIQUE. Terminada la diligencia, Moreno dijo que sus expectativas en representación del Ministerio Público es que se pueda confirmar la sentencia.
“Esperamos lo que se ha pedido, que se confirme la sentencia”, concluyó.
Fuente Diario Correo
