La Dirección contra la corrupción (Dircocor) y la Fiscalía especializada en delitos contra funcionarios realizaron el allanamiento del Gobierno Regional de Junín y otros inmuebles, ello en el marco de la investigación contra el gobernador Zósimo Cárdenas y otros funcionarios a raíz de la contratación de un servicio que no poseía los requisitos mínimos.
El operativo contó con la participación de 18 fiscales y 130 miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de dar abasto a cada una de las residencias, ocho ubicadas en Huancayo y tres en Pichanqui.
A detalle, el Ministerio Público (MP) inspecciona a Cárdenas Muje y otros trabajadores debido al presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Estado peruano.
Y es que, de acuerdo a la tesis fiscal, el gobernador de Junín y sus funcionarios otorgaron la buena pro a la empresa Fast Net Perú EIRL, cuando no cumplía con los estándares de la adjudicación simplificada para su contratación. Al respecto, se sabe que el convenio— por servicio de Internet a través de fibra óptica— con duración de nueve meses representó un desembolso de S/. 78, 750.
Operativo
Por el momento, se conoce que las autoridades encontraron S/. 37, 520 soles en la vivienda de Manuel Maximiliano Ricapa, coordinador de Adquisiciones del Gobierno Regional de Junín. Lo mismo ocurrió con Pedro Abel Cóndor Canchanya, subdirector de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, quien escondía S/. 52, 400 y 950 USD.
Cabe indicar que, los efectivos y fiscales deberán trasladar todos los elementos allanados en el referido operativo a la sede de la Dircocor Huancayo.
Fiscalía sobre altos funcionarios
En el marco de la diligencia realizada en Junín, es importante recordar lo dicho por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, sobre los altos funcionarios. Según indicó, existen más de 300 investigaciones en trámite contra ellos.
«Hemos dado cuenta, a través de un comunicado público, que tenemos más de 300 investigaciones en trámite. De ellas, muchas en contra de congresistas de la República. Estamos trabajando y hemos presentado, a la fecha, aproximadamente 11 denuncias constitucionales», sostuvo.
De esta manera, el allanamiento contó con participación de la Fiscalía y la PNP a fin de dar abasto a cada una de las residencias, ocho ubicadas en Huancayo y tres en Pichanqui.
Fuente Exitosa
