El equipo especial anticorrupción del Caso Lava Jato solicitó 18 meses de prisión preventiva para Carlos García Alcázar, quien fue asesor del Viceministerio de Transportes durante el gobierno de Ollanta Humala y está acusado de ser integrante del denominado ‘club de la construcción’.
El fiscal Marcial Páucar, parte del equipo del caso, solicitó la misma medida para los empresarios Rodolfo Prialé de la Peña, Elard Paul Alejandro Tejeda Moscoso (de Obrainsa), Félix Erdulfo Málaga Torres (de Constructora Málaga Hermanos), Luis Humberto Prevoo Neira y Guillermo Reynoso Medina, estos dos últimos socios de Prialé. Los cinco mencionados están como no habidos.
Las medidas restrictivas forman parte del requerimiento que la fiscalía realizó tras formalizar la investigación preparatoria por 36 meses contra las personas mencionadas por los presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y organización criminal.
Según el pedido fiscal, al que accedió El Comercio, los denunciados integran una organización que ha operado para obtener licitaciones públicas. En este caso, se investiga la presunta concertación ilícita de constructoras para repartirse obras adjudicadas al MTC, acciones que habrían incluido el pago de coimas.
Entre los elementos de convicción, figuran las declaraciones del aspirante a colaborador 06-2017, así como un registro de llamadas telefónicas entre los investigados. También los documentos referidos a las licitaciones de las obras adjudicadas y por las que las empresas habrían pagado el 2,9% del valor del proyecto a García, a cambio de sus gestiones.
Además, la fiscalía sostiene que ha confirmado las reuniones que sostuvieron los empresarios en el Swissôtel y en la sede de Capeco, antes de las licitaciones.
El Ministerio Público también alega que Rodolfo Prialé usó las ‘offshores’ Casper Equites S.A. y Fall City Investment (ubicadas en Islas Vírgenes) para transferir propiedades de su empresa Lual Contratistas Generales S.A.C.
Ayer en la mañana, Carlos García fue trasladado desde la fiscalía –donde permaneció por diez días bajo detención preliminar– hasta la sede del Poder Judicial ubicada en la calle Manuel Cuadros, en el Centro de Lima.
Fuentes del Ministerio Público informaron a este Diario que durante los días que permaneció detenido, y tras ser interrogado, García negó los cargos en su contra. El ex funcionario alegó que algunas obras que se le imputan fueron adjudicadas después de su gestión.
Sin embargo, para la fiscalía existen elementos que demostrarían que García era el operador de la organización.
Junto al pedido de prisión preventiva, la fiscalía solicitó la comparecencia restringida para 12 empresarios que formarían parte del ‘club de la construcción’.
También dispuso que, a través de la cooperación internacional, Islas Vírgenes informe sobre las ‘offshores’ Casper Equites y Fall City Investment.
La jueza María de los Ángeles Álvarez, del Primer Juzgado Nacional del sistema anticorrupción, programó para mañana la audiencia en la que evaluará el pedido de prisión preventiva.
Fuente El Comercio
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