La Contraloría General presentó una demanda civil contra funcionarios de Provías Nacional, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debido a que tendrían responsabilidad en el perjuicio económico ocasionado al Estado por más de S/. 3´600,000.
Los funcionarios implicados no implementaron oportunamente las acciones necesarias para obtener la disponibilidad de un terreno para la ejecución de la obra “Construcción de pasos a desnivel autopista Ramiro Prialé – Av. Las Torres y Carretera Central, ampliación del Puente Huachipa” lo que generó el pago de mayores gastos generales por el monto señalado.
Las acciones debieron tomarse de manera previa al proceso de selección para la ejecución y supervisión de la obra. El expediente técnico indicaba incluso que no contar con el terreno era una interferencia para la ejecución de los trabajos, hecho que incluso fue observado por los postores durante la etapa de consultas. Pese a ello, los funcionarios de Provías Nacional continuaron el proceso de selección, comprometiéndose a solucionar el tema antes del inicio de la obra.
Contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado, la Declaración de Impacto Ambiental, el expediente técnico y las bases del proceso de selección, el terreno recién se obtuvo durante la ejecución de la obra, generándose ampliaciones de plazo y mayores gastos generales, presupuestos adicionales para la obra y supervisión, generándose un daño al Estado por el monto de S/. 3´606,518, según señala el examen especial a la gestión 2009-2013 del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provías Nacional.
Al evidenciarse la responsabilidad civil, la Procuraduría Pública de la Contraloría General interpuso demanda ante el 34° Juzgado Civil de Lima contra los presuntos responsables comprendidos en la auditoría, a fin de que se dicten las medidas orientadas a reparar el perjuicio económico contra el erario nacional.
Fuente: Contraloría General de la República
