Uno de los casos más emblemáticos relacionados con Odebrecht es el del Gasoducto Sur, el proyecto más caro del Perú estimado en más de US$7 mil millones, cuya ejecución no fue completada por la constructora brasileña.
No obstante, al ser el caso complejo, se dividió en dos investigaciones. Una dirigida por el Equipo Especial Lava Jato contra Nadine Heredia y otros (en fase preliminar) y otra encabezada por el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia (en etapa de acusación).
Es este caso más avanzado y a puertas de entrar a juicio oral el que está paralizado por más de 6 meses desde el 4 de setiembre del 2019.
En la carpeta existen únicamente dos acusados: Edgar Ramírez Cadenillas, expresidente del Comité de Proseguridad Energética de Proinversión, y Claudia Hokama Kuwae, exrepresentante de Odebrecht.
A ambos se les pidió una pena de 7 y 6 años de prisión, respectivamente, por los delitos de colusión agravada. Para Ramírez también se solicitó 4 años de cárcel, alternativamente, por el delito de negociación incompatible.
Ambos solicitaron en setiembre del 2019 ante el juez Manuel Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de la Corte Superior de Lima, que se les archive la acusación por el Gasoducto Sur.
Más de medio año después, y mucho antes de los últimos eventos de la expansión del coronavirus en nuestro país, el magistrado no se ha pronunciado sobre el tema y la revisión de la acusación fiscal está paralizada desde entonces.
Imputaciones
Según las investigaciones, Ramírez realizó diversas asesorías a la compañía brasileña mediante su empresa Latin Energy Global Service SAC, entre 2008 y 2013, previa y posteriormente a la obtención de su cargo en Proinversión. “Estuvo vinculado profesional, económica y comercialmente a Kuntur Transportadora de Gas (consorcio) y Odebrecht”, señaló el fiscal Abia en una de las audiencias.
Por su parte, Hokama Kuwae fue nombrada apoderada con “facultades especiales” de Odebrecht en 2011, poco después de qie esta empresa adquiera alrededor del 51% de las acciones de Kuntur, consorcio encargado del proyecto Gasoducto Sur.
En junio de 2012, además, asume la gerencia legal del consorcio, alineándose temporalmente con las imputaciones y tratos con Edgar Ramírez.
Reparación civil
Durante las audiencias para controlar la legalidad de la acusación hecha por el fiscal anticorrrupción Reynaldo Abia, la Procuraduría ad hoc del caso Odebrecht intervino.
Allí, como defensa del Estado pidió un monto de S/1476 millones de reparación civil por los daños causados a la institucionalidad del país.
Daniel Hokama, hermano de la acusada Claudia Hokama, es actualmente gerente general de Petroperú. En 2014, cabe precisar, aquel fue gerente comercial de Odebrecht cuando se hicieron efectivos los tratos para el Gasoducto Sur.
Fuente La República
