En la construcción de carretera se aprobaron ampliaciones de plazo y también gastos no sustentados, lo que generó un beneficio de 11 millones a empresa.
La administración del detenido ex gobernador de Áncash César Álvarez Aguilar favoreció a Odebrecht Perú con ampliaciones de plazo de obra y prestaciones adicionales, sin sustento técnico y no indispensables para la finalidad del contrato, en la ejecución de la “rehabilitación, mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.
Esta situación produjo un beneficio indebido a la constructora brasileña de 16,8 millones de soles, de acuerdo con el Informe Especial N° 706-2014-CG/GAES-EE elaborado por la Contraloría General de la República, al que ha tenido acceso La República. La obra tuvo un valor inicial de 404’826,001.99 soles, pero se liquidó por 559’322,708.48 soles, es decir, un 38,16% adicional al monto presupuestado.
La Contraloría ha encontrado graves irregularidades en esta obra en perjuicio del Estado. Ayer informamos que Odebrecht Perú recibió un adelanto de 155’032,296.59 soles incluso antes de firmar el contrato y dar inicio a la obra, en contra de lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Además, el estudio de control determinó que se aprobaron ocho ampliaciones de plazo de obra innecesarias. La última ampliación se aprobó hasta el 14 de enero del 2015, pese a que la obra se concluyó el 12 de setiembre del 2013, es decir, un año y cuatro meses antes. Esta situación originó que el Gobierno Regional de Áncash pagara 5’252,940.09 soles en exceso.
“Los funcionarios que participaron en el trámite y aprobación de las ampliaciones de plazo no velaron por el cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa de contrataciones, emitiendo resoluciones y otros documentos fuera de los mismos y haciendo caso omiso a las recomendaciones del supervisor”, indica la Contraloría. Agrega que las ampliaciones de plazo fueron aprobadas incluso pese a que resultaban manifiestamente improcedentes.
Por ejemplo, para solicitar la ampliación de plazo de un movimiento de tierras para el túnel Carhuaz-Shillas y el estudio del túnel Chacas-San Luis, se argumentó la existencia de lluvias entre el 7 y el 10 y del 19 al 31 de octubre del 2001.
Sin embargo, esas obras estaban programadas y recién se iniciaron con posterioridad a octubre, por lo que no había forma de que las lluvias que se hubiesen presentado en esa época hubieran podido afectarlas y generar la necesidad de ampliar el plazo.
Subraya la Contraloría que otra prueba de que las ampliaciones eran innecesarias es que la obra se terminó de construir un año y 4 meses antes de la fecha de término ampliada, lo que causó un beneficio económico a favor de Odebrecht y en perjuicio del pueblo de Áncash.
Igualmente, se estableció que se aprobaron prestaciones adicionales de obra, movimiento de tierras y transporte de material granular en mayor metraje del proyectado sin el debido sustento técnico y que tampoco eran indispensables.
Además, se aprobaron valorizaciones en la ejecución de la obra, generando liquidez al contratista, mediante el pago de trabajos no ejecutados, los que a pesar de haber sido deducidos posteriormente, produjeron un ahorro de costo financiero a Odebrecht Perú.
Al respecto, precisa que se aprobó un presupuesto adicional por 1’425,853.88 soles, para impermeabilizar un túnel, pero esta obra no se realizó, y si bien Odebrecht dedujo este monto en la liquidación, contó con dinero adicional que le permitió ahorrarse 168,349.71 soles si hubiera realizado un préstamo bancario.
