El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) perdió en 2016 siete laudos arbitrales, que obligan a la entidad a abonar S/ 10 millones 361 mil 65 a empresas y personas que la denunciaron por vulnerar contratos e incumplir sus obligaciones.
La mayoría de los laudos son heredados de la gestión de Juan Manuel Guillén Benavides, pero otros se generaron durante el gobierno de Yamila Osorio. Deberán ser pagados en los siguientes años, afectando las partidas de obras ejecutadas por el gobierno regional.
Sin oficinas
Dos de los arbitrajes fueron ganados por la empresa de generación eléctrica Egasa. El primero que se entabló al gobierno regional se refiere al pago de S/ 3 millones 647 mil 733 por la construcción de oficinas administrativas, que tuvieron que ser reubicadas cuando se empezó la ejecución del puente Chilina, durante la anterior administración.
Las oficinas fueron situadas en otra área porque en el lugar donde se ubicaban se construyó uno de los pilares que sostienen al puente. La edificación quedó a medias, por lo que la empresa demandó a la Región y ganó en el Tribunal Arbitral.
La segunda demanda fue planteada porque la Región no pagó el daño patrimonial que se generó al no continuar operando la planta de vapor que la empresa tenía, para que se construyera el puente. Exigió un resarcimiento de S/ 9 millones, sin embargo, el monto a resarcir a la empresa se mantiene confidencial.
Contrato anulado
El 3 de febrero de 2015, apenas a semanas de asumir la gobernatura regional, Yamila Osorio declaró de oficio la nulidad del contrato con la empresa Freyssinet Tierra Armada Perú, contratada en 2013 para ser la proveedora de muros de concreto armado para la Variante de Uchumayo.
Osorio rescindió el contrato argumentando que la anterior gestión no hizo un adecuado proceso de selección e incumplió la Ley de Contrataciones del Estado. Los muros valían S/ 10 millones 596 mil.
Freyssinet fue notificada con la resolución ejecutiva. La empresa no se quedó con los brazos cruzados y decidió someter la controversia a un arbitraje. Aseguraron que la Región debía pagarles S/2 millones 453 mil 553 por daños y perjuicios y la devolución de la carta fianza de S/ 1 millón 998 mil 593. El árbitro Carlos Ruska dio la razón a la empresa.
Arequipa – La Joya
El consorcio encargado de elaborar los estudios del segundo tramo de la carretera Arequipa – La Joya también demandó al gobierno regional. Los dueños de la empresa se encuentran implicados en presuntos actos de colusión para la obtención de la buena pro de este proyecto; sin embargo, eso no fue impedimento para denunciar la vulneración de un derecho contractual.
Este consorcio entabló la demanda en 2014 porque la Región no terminó de pagarle los estudios de ingeniería de la carretera, valorizados en S/ 9 millones. La gestión de Guillén solo les pagó S/ 6 millones, señalando que la empresa no cumplió con los plazos establecidos para entregar el documento.
Por la falta de pago, la empresa demandó al GRA, pidiendo más de S/ 6 millones como compensación. El Tribunal Arbitral declaró fundada su demanda en parte y ordenó el pago de S/ 3 millones.
Siguió contratando
A&G Industriales y Servicios es una empresa dedicada a la venta de materiales de construcción al por mayor. En 2014 presentó un arbitraje contra el GRA por incumplir un contrato. En 2012 ganó el proceso para la contratación del servicio de alquiler de una compresora neumática con martillos para la obra de instalación de redes de agua y desagüe y conexiones domiciliarias del sector de Peruarbo en el Cono Norte, por un monto de S/ 803 mil 275.
En 2013 la Región decidió suspender el contrato porque había una diferencia entre lo solicitado y lo indicado en las bases. A pesar que el entonces gerente de Asesoría Jurídica, Víctor Raúl Cadenas, advirtió que esta anulación podía generar un posterior arbitraje, el GRA canceló el pedido. La empresa solicitó el pago de daños y perjuicios. El árbitro Nilo Vizcarra le dio la razón y ordenó el pago de S/967 mil 821 a favor de la empresa.
Lo curioso es que pese a haber instalado un proceso arbitral contra el GRA, la empresa A&G Industriales y Servicios siguió contratando con el GRA. En 2014 ganó S/ 390 mil 981 como proveedor de la entidad y en 2015 consiguió contratos por S/ 31 mil 975.
Amparo Begazo, procuradora del gobierno regional, señaló que cuando se incumplen los compromisos contractuales no hay defensa que pueda evitar la pérdida de estos arbitrajes. Pidió a autoridades tener más preocupación. Por ejemplo, el caso de A&G se pudo evitar si los encargados hubieran tenido en cuenta el informe legal emitido por Víctor Raúl Cadenas, que advertía el riesgo de un arbitraje.
Fuente La República
