El Consejo Regional de Ayacucho (CRA) advirtió que el ejecutivo desestimó presupuestos destinados para el sector salud y educación para la adquisición de maquinarias y vehículos para el equipamiento de la Unidad de Servicio de Equipo Mecánico(SEM).
La Comisión Investigadora, detectó que la asignación presupuestal en el año fiscal 2020. a la inversión IOARR “Reposición de Vehículos y Maquinarias del Gobierno Regional de Ayacucho” proviene de anular los recursos de los proyectos de inversión de mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario de la I.E Colegio Mixto Industrial N°12 Cristo Rey de la localidad de Cora Cora, y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho, financiamiento de recursos ordinarios.
Asimismo, se observó que los funcionarios del hospital regional no ejecutaron el presupuesto en los fines y objetivos para los cuales estaba previsto, y se dejó de lado la salud de los ciudadanos, que por esos meses (marzo a diciembre del 2020).
Recordar que se afrontaba la etapa más crítica de la pandemia: no había planta de oxígeno, respiradores, medicamentos, equipos, EPP, personal de salud, ambientes de hospitalización, el ejecutivo tomó la decisión de anular dicha partida por el monto de 13 millones 936 mil 269 soles.
OTRAS OBSERVACIONES. La comisión también advirtió la presunta contratación irregular de David Romero Romaní, responsable de la elaboración de las especificaciones técnicas del IOARR “Reposición de Vehículos y Maquinarias del Gobierno Regional de Ayacucho”, constituyendo un presunto hecho irregular del pago de honorarios profesionales por un servicio ya aprobado por el Crreaete (Comisión regional de revisión, evaluación y aprobación de expedientes técnicos y estudios) con fecha 14 de octubre de 2019.
Además se presume que la elaboración de este documento, no fue realizado por Romero Romaní, sin embargo, percibió la suma de 33 mil soles, sin contar con experiencia y luego ser contratado por servicios temporales en el año 2021.
De otro lado, el otorgamiento de la buena pro fue admitido el pasado 27 de noviembre del 2020 y la certificación del crédito presupuestario, se otorgó el 4 de diciembre del 2020, por el monto de 15 millones 219 mil 179 soles; por lo tanto, se llevó a cabo el procedimiento de selección sin contar con la certificación correspondiente.
También se cuestionó que el responsable de suscribir la certificación del crédito presupuestario, fue el jefe de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, Teófilo Prado León y no así el gerente de Planificación y Presupuesto o subgerente de Presupuesto, por lo que se habría presentado la usurpado las funciones, ello que es sancionado por norma.
VEHÍCULOS USADOS. El año de fabricación de los bienes adquiridos son del 2019, lo cual contraviene el principio de vigencia tecnológica, teniendo en cuenta que la entidad debe adquirir maquinarias y equipos modernos y vigentes, y con dos años de vida útil.
De la revisión del estudio de mercado correspondiente a los Ítems N° 1 (Camioneta Pick UP 4×4), se cotizó con año de fabricación 2020, por otro lado, en las especificaciones técnicas de las bases integradas precisaba 2019, se aprecia una incongruencia respecto del año, vulnerando el principio de transparencia.
Asimismo, se verifica la marca de las camionetas (Toyota y Mitsubishi) y no especifica la procedencia del bien, hechos que se observa en el cuadro comparativo de indagaciones de mercado, incumpliéndose con lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado.
Por tanto, la Comisión Investigadora, recomendó al gerente general, en coordinación con la oficina regional de Administración y oficina de Asesoría Jurídica, evalúen las acciones administrativas para la regularización y/o recupero de fondos públicos, por presunto pago indebido por el servicio y se inicie las acciones legales en contra de quienes autorizaron y ejecutaron dichos pago.
El Consejo Regional también observó que no se tiene ningún documento que acredite la conformación de una comisión para la recepción de las maquinarias y vehículos, en el que debería haberse establecidos mediante un acto resolutivo.´
Fuente Jornada
