La constructora de origen peruano Graña y Montero sostiene que no está impedida de contratar con el Estado, y así lo hizo saber a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) a través de un hecho de importancia enviado el martes.
La compañía explica que no está afectada por el Decreto de Urgencia 003-2017 (Ver aquí), emitido en febrero de este año por el Ejecutivo a fin de cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción.
Este decreto alcanza a las personas jurídicas o empresas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de delitos contra la administración pública o lavado de activos.
También incluye a las empresas “vinculadas” con las compañías implicadas. “Esto comprende a cualquier persona jurídica o ente jurídico que sea propietario de más del 10% de las acciones representativas del capital social o tenedor de participaciones sociales”, indica el decreto.
Sobre este argumento, Graña y Montero aclara que ni la empresa ni sus funcionarios tienen condenas ni han admitido haber cometido delitos y tampoco tiene relación con empresas señaladas por el decreto de urgencia mencionado.
«Podemos concluir que, en base al análisis efectuado por la compañía, no nos encontramos comprendidos en los alcances del DU ni de sus normas complementarias», insiste Graña y Montero.
Al no afrontar procesos fiscales o judiciales, esta constructora tendría luz verde para participar en eventuales procesos de licitación del Estado de cara a la reconstrucción del país tras las lluvias, huaicos e inundaciones.
Así lo considera el presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Gonzalo Prialé, al señalar – según cita Exitosa – que “no hay nada que impida a esta empresa a participar en las próximas licitaciones públicas”.
Fuente La República
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