ERP. La Comisión encargada de investigar los presuntos sobornos a funcionarios peruanos por parte de las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras, que preside el legislador Juan Pari Choquecota, suspendió la sesión programada para el jueves 21 por falta de quórum, aunque continuará trabajando hasta el 31 de mayo próximo.
Pari Choquecota explicó que existen diferentes indicios y evidencias que permiten confirmar las hipótesis de investigación y la presunción de que diversas autoridades y funcionarios peruanos estarían comprometidos en negociaciones ilegales con empresas brasileras, lo que habría provocado una presunta sobrevaloración de diversas obras públicas, recepción ilegal de dinero, negociaciones incompatibles, lavado de activos y diferentes delitos más que motivaron el pedido de ampliación del plazo para investigar.
El legislador también dijo que espera poder acceder a las respuestas de diversos colaboradores eficaces a los que tiene acceso la justicia brasilera, así como a diversos documentos adicionales que podrían enriquecer la investigación. Sin embargo, reconoció que el mandato de la Comisión que preside no tiene alcance para citar de ‘grado o fuerza’ a ciudadanos de otras nacionalidades.
Carpetas temáticas
La Comisión dividió su trabajo en diferentes carpetas de trabajo como son: Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Sur, IIRSA Norte, Carreteras Chacas – San Luis; Proyecto Olmos – Transvase; Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Lima y Callao, Línea 1; Línea 2 del Metro Lima; Mejoramiento Av. Gambeta Callao; Línea Amarilla – Parque Rímac; Proyecto Vías Nuevas de Lima; Bocatoma y Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa; Proyecto Especial de Irrigación Hidroenergético de Alto Piura y Proyecto Vía Costa Verde del Callao, entre otros.
La investigación denominada ‘Lava Jato’ se inicia en Brasil el año 2013 cuando la Policía Federal de Curitiba investigaba una red mediana de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y Sao Paulo. La operación había descubierto la existencia de empresas ficticias que recibían o hacían transferencias de grandes sumas de dinero sin aparente justificación mediante centenares de cuentas bancarias que enviaban millones de dólares fuera de Brasil.
Dichas empresas simulaban importaciones y exportaciones con el propósito de recibir o transferir dinero sin comercio real de productos o servicios.
Empresas brasileras en el Perú
Según información de la Contraloría General de la República, recogida por el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), las empresas brasileras Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, participaron de manera individual o en consorcio en 42 proyectos desde el año 2004 al 2015 por un monto superior a los 17 mil millones de dólares.
Estas empresas han ejecutado obras en los sectores de transportes y comunicaciones, vivienda y construcción, energía y agricultura, en los ámbitos de los gobiernos regionales y locales, y desarrollado importantes obras de infraestructura utilizando la figura de Asociaciones Público Privadas (APP), en diferentes niveles y organismos del Estado.
En Brasil se ha detenido a los presidentes de las principales constructoras que también han ejecutado obras y tienen concesiones en el Perú: Marcelo Odebrecht, Octavio Marques de Azevedo, José Aldemario Pinheiro y Dalton Dos Santos Avancini, presidentes de las mencionadas constructoras.
Esas empresas tuvieron a sus directivos presentes en nuestro país en diversos momentos. La Comisión tiene evidencias de que habrían mantenido reuniones con las más altas autoridades del Estado.
El congresista Pari Choquecota explicó que aún no puede emitir conclusiones pero sí afirmar que en la etapa de evaluación de postores se ha encontrado hechos irregulares como la descalificación de postores por razones no contempladas en las bases iniciales. Existiendo incluso un proceso judicial en el que ha perdido el Estado Peruano.
Asimismo, el Comité Especial de Proinversión en Proyectos de Seguridad Energética – Pro Seguridad Energética, otorgó la buena pro al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur con una propuesta económica mayor en 136 millones de dólares que el postor descalificado irregularmente, hecho que significaría un serio perjuicio económico del país.
En el caso del Tramo 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima – Callao, se observa un sobrecosto de 109 millones de dólares, 26% más del presupuesto inicial, debido a la aplicación de adendas que se pagaron porque el marco legal creado permitió que se aprueben, sin necesidad de la opinión previa de la Contraloría General de la República, conforme lo establece la normativa vigente. (EPA)
Fuente El Regional Piura
