El pleno del Consejo Regional dio el visto bueno al segundo dictamen de la Comisión de Fiscalización, donde se establecen presuntas irregularidades en la contratación del servicio de reparación del canal de derivación Daniel Escobar.
Como recordaremos, estos trabajos ocasionaron el desabastecimiento de agua para Piura y Sullana por unos 20 días, además perjudicó a los agricultores por no contar con el recurso hídrico.
En el dictamen n.° 02-2020 se dan a conocer las presuntas faltas administrativas en tres funcionarios del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), los cuales deberán ser denunciados ante las instancias correspondientes.
De esta manera se halla responsabilidad de carácter administrativo en el director de Operaciones y Mantenimiento del PECHP, Víctor Terán Alvitres, por inadvertir criterios técnicos para el otorgamiento de adicional de mayores metrados y ampliación de plazo de dicho adicional, a favor del consorcio Escobar. Asimismo, por no verificar que la contratista cuente con las herramientas estratégicas de campo.
En cuanto al jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Daniel Valera Arrunátegui, por haber emitido extemporáneamente el informe legal n.° 010-2020 que sustenta la resolución del contrato al consorcio Escobar, y el informe legal n.° 018-2020 referido a la improcedencia del pago de honorarios profesionales por incumplimiento de contrato.
Respecto al jefe del Área de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del PECHP, Eduardo Arréategui Ruiz, por no realizar el control posterior que exige el numeral 43.6 del artículo 43 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Aquí se establece la obligación de la entidad de realizar la inmediata verificación de la propuesta presentada por el postor ganador de la buena pro. Es así que el funcionario permitió que siga adelante el proceso.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Alfonso Llanos, informó que todo lo actuado será derivado a la Procuraduría Pública Ad Hoc en Procesos Penales del Gobierno Regional, para que interponga la denuncia penal contra los funcionarios implicados.
Fuente La República
