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Infeliz proyecto

Infeliz proyecto

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha rechazado el proyecto de ley presentado por Fuerza Popular que so pretexto de luchar contra la corrupción apunta a la restricción de las libertades y el control de los contenidos periodísticos.

El proyecto titulado “Ley que protege las libertades y derechos informativos de la población” fue presentado el 7 de marzo por dos legisladores del fujimorismo y estando respaldado por los voceros de la bancada asume la condición de iniciativa del grupo parlamentario de Fuerza Popular.

Según la iniciativa, aquellas personas con sentencia firme o investigadas en el Ministerio Público por delito de corrupción en agravio del Estado no podrán ser directores periodísticos, editores, productores ni ejercer un cargo análogo, y tampoco desempeñarse como presidentes o miembros de directorios, accionistas, gerentes generales o apoderados.

Otro de los artículos propone la creación de una veeduría ciudadana con injerencia en la conducción de los medios para exigir el derecho a la información neutral, objetiva y desinteresada.

Matt Sanders, presidente de la SIP, reaccionó firmemente calificando a la iniciativa de alarmante y de un instrumento legal para que un gobierno autoritario acuse, señale y procese a un periodista o al director de un medio con la intención de silenciarlo. Para la SIP, el proyecto fujimorista es el mejor sueño que pudiera tener un gobierno opresor.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, ha recordado que el supuesto objetivo de garantizar el derecho a la información objetiva, veraz, plural y oportuna fue utilizado por los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador para aprobar leyes de comunicación con cláusulas destinadas a crear una estrategia de censura legal y legítima.

Es evidente que en este caso no es la lucha contra la corrupción la que anima al fujimorismo, sino el propósito de sentar las bases de arreglos institucionales que acaben en la censura y una política de miedo ante la prensa independiente. Más allá de la colisión contra el principio de presunción de inocencia en que incurre el proyecto, de convertirse en ley será fácil que un periodista incómodo pueda ser objeto de un proceso amañado y solo bastaría que un fiscal abra una investigación –que puede durar decenas de meses– para sacarlo de una función directiva periodística, incluso si la patraña concluye en el archivamiento.

El objetivo de control de los contenidos vía una veeduría que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe garantizar es otro riesgo por pretender que esta observación tenga que estar reglamentada por el Estado. Las razones de neutralidad y objetividad siempre han escondido afanes intervencionistas y de censura.

Esta es una iniciativa infeliz, improvisada y sin sustento, cuya pésima argumentación no logra esconder sus reales propósitos. Puede ser que no sea una novedad que tenga la factura del fujimorismo, el grupo que corrompió a la prensa y amenazó a los periodistas durante su gobierno. A pesar de ello, como entonces, serán enfrentados.

Fuente La República

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