Hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque desarrolla siete investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, que se habrían suscitado en plena emergencia por la propagación del coronavirus.
Las pesquisas en fase preliminar, comprenden a funcionarios de municipalidades distritales y de la Dirección Territorial Policial de Lambayeque, así como a proveedores.
En las últimas semanas, los fiscales intervinieron las comunas de Olmos, Pomalca, San José, José Leonardo Ortiz, Puerto Eten y Pátapo.
A este grupo se suma la supuesta adquisición sobrevalorada de alcohol en gel, por la cual se ampliaron las indagaciones contra otros mandos policiales, cuyos interrogatorios se concretarán desde la próxima semana, según fuentes del Ministerio Público.
También se han considerado las denuncias provenientes del distrito de Cayaltí, donde un grupo de vecinos cuestiona el precio de los víveres que les alcanzaron.
El avance y resultado de las investigaciones dependerá de los informes que la Contraloría General de la República se ha comprometido a proporcionar, ya que también analizan las compras ejecutadas por las diferentes entidades gubernamentales.
EN POMALCA
Ayer en la mañana, representantes de la Fiscalía Anticorrupción y de la Contraloría General de la República ordenaron la inmovilización de más de 9 mil latas de conserva de atún, luego de verificar que no eran aptas para el consumo humano, según el análisis efectuado por un especialista de la Autoridad Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes).
En la diligencia, que estuvo a cargo de la fiscal, Magaly Quiroz Caballero, se detectó que en el rotulado de las conservas se indicaba el contenido de “filete de atún”,pero en los ingredientes se señalaba “grated de bonito”. Otro factor que observaron las autoridades radica en los productos carecían del registro sanitario. Por ello, también se recabó documentación de la adquisición de las latas para establecer cuánto invirtió la comuna pomalqueña.
El alcalde de Pomalca, Luis Lazo Pomares, aseguró que Sanipes se llevó una muestra de las conservas, a fin de establecer si son aptas para el consumo, y que se verificó que las conservas tienen un mes de fabricación y que se trata de un producto “fresco”.
“Se ha comprado sin intermediario. La fábrica existe y tiene registro sanitario”, agregó.
De otro lado, indicó que su municipio no dispone de personal suficiente, ni del apoyo de la Policía Nacional para distribuir las canastas a familias de escasos recursos económicos.
Fuente Diario Correo
