La revelación de la irregular compra de alimentos a una empresa dedicada a la venta de neumáticos por parte de la Policía Nacional durante el estado de emergencia por el Covid-19, que inicialmente involucraron al General PNP Héctor Petit Amésquita, hasta hace unas horas jefe de la Dirección de Administración de la Policía Nacional, pareciera empezará a salpicarle a otros oficiales, entre ellos el actual Jefe de la Región Policial Lima, General Herbert Ramos Ruiz.
Ello, luego que se filtrara un Informe de Contrainteligencia en el que se detallan adquisiciones y contrataciones de servicios presuntamente irregulares, que no solo involucraría al alto oficial, sino también a personal de su entorno.
El documento confidencial al que la Unidad de Investigación del diario LAVERDAD tuvo acceso está referido a la obtención de información relacionada a la compra directa – entiéndase sin proceso de licitación – de trajes de seguridad, mascarillas, guantes descartables, botellas de agua, alcohol en gel, entre otros insumos; así como la contratación del servicio de fumigación de las instalaciones policiales, a empresas cuyos representantes tendrían vínculo amical con el General Ramos Ruiz y el personal policial que labora junto a él.
Precisamente, sin procesos de licitación en curso, dado el estado de emergencia sanitaria dispuesto por 90 días, el Jefe de la Región Policial es cuestionado por contratar – por ejemplo – el servicio de fumigación a una empresa que por metro cuadrado cobró S/5.60, cuando el costo normalmente es de S/1.20.
Aun cuando ello está bajo investigación a nivel policial y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios en Lima, el Informe de Contrainteligencia también precisa cuestionamientos a la compra de trajes de protección (DHA) para fumigación, el cual –se advierte- fue cotizado a S/168, cuando su precio en el mercado es de S/60. Vale decir, a casi el triple del precio normal.
Igualmente, bajo la lupa fiscalizadora también se tiene la compra de botellas de agua, a un precio de S/3, cuando su precio de mercado es de S/1.
¿Empresa Testaferra?
La principal empresa cuestionada es DMA Servicios SRL, cuyo gerente general es Juan Alfredo Chávez Parodi, catalogado, según la información policial, como el supuesto testaferro del General Herbert Ramos Ruiz.
Esta empresa -según información que ha sido ya suministrada a la Fiscalía Anticorrupción de Lima- se hizo de la buena pro para la Adquisición de Útiles de Aseo y Suministros Médicos para protección del personal policial pertenecientes a la UE 009 VII Dirtepol Lima, por un monto de 386 mil 400 soles.
El contrato por emergencia, en pago único tras la recepción de los 2300 vestuarios de protección química Buso Dupoint, es el N° 04-2020 y lleva la rúbrica del General PNP Herbert Ramos Ruiz.
LAVERDAD investigó a esta empresa y halló que los vínculos con el alto oficial se habrían tendido años atrás, en el 2018, cuando este último se desempeñaba como Gerente General del Fondo de Vivienda Policial – FOVIPOL, pues estando en el cargo, la empresa DMA Servicios SRL – en diciembre de ese mismo año – se adjudicó una licitación por 80 mil 600 soles por la Adquisición e Instalación de Mobiliario de Melamina.
Volviendo a las compras por emergencia del Covid-19, el General Ramos Ruiz también dio el visto bueno para directamente comprarle insumos a la proveedora Anya Milagros Esquén Gumer (Inversiones Milagros – Corporación Beyquen SAC), a quien por la compra de 1130 guantes descartables y 2918 mascarillas se le cancelará la exorbitante suma de 641 mil 130 soles.
A su vez, por la adquisición de 750 unidades de alcohol en gel, 10 mil jabones líquidos, 250 unidades de lejía y 1010 guantes descartables, también se contrató de manera directa, por la suma de 203 mil 800 soles, a la empresa Uniform Sniper EIRL, gerenciada por Malena Stefanny del Rocío Bazán Solier.
Y, por 2917 unidades de alcohol en gel, directamente se contrató a la empresa trujillana Corporación Alme EIRL, por un monto total de 72 mil 925 soles. Esta empresa, cuya gerente es Melissa Aliaga Meléndez, se dedica a la venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado y no precisamente a la de alcohol.
Más Cuestionamientos
Una siguiente empresa bajo observación, según el informe confidencial, a la que también el Jefe de la Región Policial de Lima convocaría es Azur Servicios SAC. Esta, bajo la gerencia de Mónica Patricia Carhuapoma Díaz, inició sus operaciones en octubre del año 2018; sin embargo, apenas un mes después ganó licitaciones convocadas por el Fondo de Vivienda Policial – FOVIPOL, donde el oficial justamente se desempeñaba como su Gerente General.
La primera adjudicación fue por el Servicio de Impresión y Fotocopiado de Documentación, por 305 mil soles; mientras que la segunda, por el Servicio de Limpieza Integral del FOVIPOL, le permitió adjudicarse el cobro de 104 mil soles. Las dos en el mismo año, cuando el General Ramos Ruiz estaba de salida.
Asimismo, Abundía Inversiones EIRL, gerenciada por Marianela Grandez Grandez, es otra de las empresas bajo la lupa. Creada en el año 2012, es recién desde el 2015 que empezó su auge, logrando contratos con entidades públicas como el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional, por licitaciones que fácilmente superan los 2.5 millones de soles.
Entre sus últimas licitaciones figura una por el monto de 380 mil soles, para la compra de enseres de cocina en el Frente Policial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en el distrito de Pichari – región Cusco. Este contrato, como otros, fue suscrito con el Coronel PNP Segundo Fernando Salazar Pérez, a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración de la PNP.
Curiosamente, este mismo oficial es quien en el año 2014 resultó implicado en el robo de combustible en la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), junto a otros 6 agentes, tras una investigación realizada por el programa periodístico CuartoPoder. Mientras el Ministerio Público, en aquel entonces, les solicitó cárcel por el presunto delito de peculado doloso, la Justicia Militar Policial dispuso prisión preventiva para algunos de los involucrados.
Presuntos Vínculos Con Oficiales
Otra empresa en ciernes es Multiservicios y Comercio P&V, que, según el informe policial, es gerenciada por Pierina Veruscka Lozano Rodríguez, sobre quien no se conoce mucho, salvo su intento –sin éxito- de adjudicarse una licitación para la compra de vestuario en la Dirtepol Cusco, por un monto superior a los 300 mil soles.
Un paseo virtual por el portal de la Sunat arroja que Pierina Lozano registró dedicarse a la construcción de edificios, a la venta de productos farmacéuticos, médicos y cosméticos.
Tanto esta empresa como Pierina Lozano pasarían desapercibidos, sino fuese porque ésta es hija del Mayor PNP Hernán Lozano Gonzales, quien es sindicado de ser amigo personal del Jefe de la Región Policial Lima.
A esta lista de oficiales vinculados con el jefe policial también se sumaría su ayudante, el Capitán PNP José Carlos Terrones Huanca, a través de una supuesta empresa llamada “Sánchez Inversiones”; así como un oficial de apellido Tenorio – según el documento- vinculado a otra llamada “Higiene & Limpieza”.
En esa nómina también son mencionados el Comandante Alfonso Huilca Peña y el Mayor Juan Carlos Valderrama Alva. Este último, laboró los años 2018 y 2019 en el FOVIPOL, junto al General Herbert Ramos, y hoy lo viene haciendo a su lado en el área de Logística de la REGPOL Lima.
No Avalaron Compras
Como corolario a este caso que podría terminar en el desafuero del alto oficial capitalino, por el aparente aprovechamiento de los recursos del Estado, es que en la investigación aparecen los nombres de 5 agentes policiales que por negarse a firmar documentos que avalen dichas compras y prestación de servicios fueron cambiados –entre marzo y abril de este año – de la REGPOL Lima a otras dependencias.
Ellos son los suboficiales Julio Huertas Burga, Néstor Mezzich Gálvez, Verónica Cotrina Sánchez, Karen Luján Piñas y Ángel Cutipa Mamani, quienes en ningún momento quisieron comprometerse con actos que puedan resultar irregulares y sancionados penalmente. (CACV)
Fuente Diario La Verdad (Chiclayo)
