La emergencia por el coronavirus no solo paralizó las investigaciones de Equipo Especial Lava Jato, sino que investigados, como Keiko Fujimori y Susana Villarán, han solicitado salir de los penales en los que están internados por el riesgo de contraer el virus. La Fiscalía ve en este caso un aprovechamiento de la emergencia, las defensas argumentan que están protegiendo la salud de sus clientes.
El estado de emergencia por el coronavirus también ha golpeado el desarrollo del caso Odebrecht en el Perú. La medida dictada por el Gobierno obligó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato a paralizar sus investigaciones e interrogatorios (tanto en el Perú como en el extranjero) en un momento clave: estaban por concluirse investigaciones en caso como el de Keiko Fujimori o Alejandro Toledo, se acababa de pedir prisión preventiva contra Nadine Heredia en el caso Gasoducto Sur, y el caso de Ollanta Humala se acercaba al inicio del juicio oral.
La emergencia también obligó a postergar las diversas audiencias que se iban a realizar desde la quincena de mayo hasta la actualidad, como la del mencionado pedido de prisión preventiva contra Nadine Heredia. El Poder Judicial dispuso que, durante la emergencia, solo se realicen audiencias por delitos de flagrancia o inaplazables. Dentro de estas excepciones, las defensas de un grupo de investigados comenzaron a solicitar audiencias para evaluar pedidos para que estos salgan de prisión, sea por cese de prisión preventiva o por variación de prisión preventiva por arresto domiciliario.
En los casos de Alejandro Toledo y Keiko Fujimori, estaba previsto que las investigaciones culminen entre marzo y abril, plazos afectados por el estado de emergencia por el coronavirus.
Los abogados sostienen que sus pedidos son urgentes y se hacen para proteger la salud de sus clientes –algunos de los cuales pueden ser clasificados dentro de la población vulnerable a la COVID-19- en medio de un contexto en el que el virus ha comenzado a llegar a los penales del país. Para el Equipo Especial Lava Jato, sin embargo, los abogados están aprovechando la emergencia para salir de prisión y no cumplir con las medidas que el Ministerio Pública considera necesarias para un adecuado desarrollo de sus investigaciones.
Estos son los casos en los que los investigados han pedido o a los que se les ha concedido salir de prisión.
- Alejandro Toledo
El expresidente fue el primero en hacer una solicitud de este tipo. A mediados de marzo, cuando en el Perú y en Estados Unidos se comenzaba a entrar en confinamiento por el virus, la defensa de Alejandro Toledo (74 años) pidió a la justicia estadounidense que se le cambie su orden de prisión provisional por un arresto domiciliario porque estaba en riesgo de contraer la COVID-19. Toledo estaba detenido mientras se resolvió su pedido de extradición al Perú, donde la Fiscalía le imputa haber recibido más de 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht por la concesión de la Carretera Interoceánica.
El magistrado Thomas Hixon, de la Corte del Distrito Norte de California, ordenó el 19 de marzo que Toledo sea puesto en libertad bajo fianza e inmediatamente confinado en su casa en San Francisco (donde hay una orden de confinamiento obligatorio) con un sistema de vigilancia mediante GPS. Dos días después, el antiguo líder de Perú Posible pagó 500 mil dólares y salió de prisión, acompañado de su esposa, Eliane Karp, y con una mascarilla puesta. Al respecto, la procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión, dijo a RPP Noticias que esta medida no iba a afectar su proceso de extradición.
- César Villanueva
El expresidente del Consejo de Ministros fue el primero de los investigados detenidos en el Perú en lograr que se dicte una orden de este tipo en su favor. La Sala de Apelaciones del Sistema Anticorrupción resolvió el pasado 1 de abril cambiar la orden de 18 meses de prisión preventiva que venía cumpliendo desde diciembre por arresto domiciliario. Este pedido de la defensa de César Villanueva fue hecho a inicios de marzo, cuando aún no asomaba en el Perú la amenaza del coronavirus y fue rechazado en primera instancia.
Sin embargo, los jueces que analizaron la apelación en una segunda instancia lo hicieron ya durante el estado de emergencia y tomaron en cuenta la pandemia entre sus argumentos para concederle el arresto domiciliario. A pesar de esto, el exministro -investigado por supuestamente recibir dinero de Odebrecht por la concesión de una carretera cuando era gobernador de San Martín- aún no sale de prisión porque no ha pagado la caución de 100 mil soles y porque la vivienda donde iba a cumplir su arresto todavía deber ser reevaluada.
- Jaime Yoshiyama
Luego de interponer un habeas corpus con el mismo propósito que fue rechazado, el abogado de Jaime Yoshiyama Tanaka, Humberto Abanto, hizo un pedido de variación de prisión preventiva por arresto domiciliario. El juez Roger Santos Benites programó para el pasado viernes 17 la audiencia para que se evalúe esta solicitud. En respuesta, la Fiscalía pidió que se anule la convocatoria y presentó una recusación para que Benites se aparte de ver del caso, debido a que es el magistrado Vïctor Zuñiga Urday, quien tiene a su cargo el caso.
El día de la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez se negó a participar, por lo que tuvo que ser reprogramada. El juez Benites criticó duramente al fiscal por su “conducta”, la que calificó de “arbitraria e irrespetuosa”, y dijo que la iba a reportar ante Control Interno de la Fiscalía. En un documento remitido posteriormente a su superior, el fiscal Rafael Vela, Pérez Gómez explicó que no participó porque el juez había violado la emergencia y arriesgado su salud, la de sus colaboradores y de todos los participantes al convocar a una audiencia presencial en pleno estado de emergencia, hecho que pidió que sea investigado.
La nueva fecha para la audiencia por el pedido de Jaime Yoshiyama (75 años) es el miércoles 22 de abril desde la 1:00 p.m.
4.Keiko Fujimori
El mismo viernes, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, informó que también habían hecho una solicitud de cese de prisión preventiva para la lideresa fujimorista por riesgo de coronavirus. El mismo juez del caso de su coinvestigado Jaime Yoshiyama convocó a la audiencia para evaluar este pedido para el martes 21 de abril a las 09:00 a.m., también de forma presencial. La propia Fujimori podrá participar a través de una videoconferencia desde el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
La orden de prisión preventiva por 15 meses contra Keiko Fujimori fue dictada a fines de enero por el juez Víctor Zúñiga. La apelación presentada por su defensa tardó en admitirse y la audiencia para evaluarla se programó, coincidentemente, también para la próxima semana, precisamente para el jueves 23 de abril. En este caso, sin embargo, la audiencia será a través de una videoconferencia.
- Susana Villarán
Esta semana, Keiko Fujimori compartió un mensaje en Facebook en el que decía que Susana Villarán, la exalcaldesa de Lima que cumple prisión preventiva en el mismo penal que ella, debía ser liberada por el riesgo del coronavirus. Por esos días, la defensa de Villarán presentó una solicitud de cese de prisión preventiva con este propósito. La audiencia para evaluar el pedido se realizó este sábado por la mañana través de una videoconferencia presidida por el juez Jorge Chávez Tamariz.
El magistrado, el mismo que dictó la prisión preventiva contra Villarán en mayo del 2019, escuchó los argumentos del abogado a favor de la liberación hechos por la defensa y los argumentos en contra hechos por el fiscal Carlos Puma, del Equipo Especial Lava Jato. Tras esto, informó que comunicará su decisión al respecto en los próximos días.
- Otros investigados
El abogado Richard Martín Tirado, quien cumplía prisión preventiva por el llamado ‘caso arbitrajes’ se convirtió esta semana en el tercer detenido por el caso Odebrecht al que se le concedió salir de prisión por riesgo de coronavirus. El juez Chávez Tamariz dispuso su arresto domiciliario el pasado jueves. Weyden García Rojas, coninvestigado suyo este caso, no tuvo la misma suerte: el mismo magistrado declaró infundado su impedido y seguirá en prisión.
El empresario Jorge Peñaranda (77 años) fue uno de los últimos investigados por el caso Odebrecht a los que se le dictó prisión preventiva. En su caso, la Fiscalía le imputa haber recibido más de US$ 2 millones de dólares en dinero ilícito de la compañía, por lo que el juez Chávez Tamariz le impuso a inicios de febrero 18 meses de prisión preventiva. En medio de la emergencia, su defensa también solicitó su salida del penal.
LA POSTURA DEL EQUIPO LAVA JATO
En medio de esta ola de pedidos de liberación, el jefe del Equipo Especial Lava Jato, el fiscal Rafael Vela, envió dos comunicaciones desde su despacho. Una fue el último jueves para la jueza Inés Villa Bonilla, presidenta de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a quien advirtió que algunos magistrados de su dependencia estaban convocando a audiencias que no eran urgentes o inaplazables y que los investigados estaban aprovechando la emergencia para buscar su liberación. La segunda fue enviada este viernes a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a quien apuntó lo mismo que a la jueza Villa Bonilla.
Sin embargo, Vela también le comunicó a Ávalos que la convocatoria a audiencias presenciales ponían en riesgo la salud de los fiscales y su equipos (los hacen romper el aislamiento para movilizarse hasta las sedes fiscales y judiciales ). Además, pidió que el Ministerio de Justicia remita un informe sobre la situación real de los penales en el Perú ante la pandemia, para que sea el Gobierno quien tome medidas al respecto. Esto “evitaría que se convoquen a un sin número de audiencias judiciales, orientadas a la variación de la medidas de prisión preventiva por otras medidas cautelares por el argumento de salvaguardar la salud del interno, dada la posibilidad del contagio del COVID-19”.
Fuente RPP
