En el Perú, la necesidad apremia. Por un lado, están los más pobres, quienes no pueden trabajar por la cuarentena y, por el otro, el personal médico que pide y exige implementos de bioseguridad para enfrentar la pandemia del COVID-19.
Sin embargo, a los primeros, sus propias autoridades locales les niegan la ayuda destinada para ellos por el Ejecutivo, a través de la entrega de canastas de víveres y a los segundos, sus propios colegas les arrebatan las preciadas mascarillas, mandilones y hasta medicinas adquiridas por el Estado. Estas son algunas historias de corrupción en tiempos de coronavirus, reveladas por el dominical Panorama.
Por ejemplo, está Lidia Paucarhuanca Bendezú. Ella era Jefa del área de Farmacia en el Hospital Regional de Ayacucho; sin embargo, aprovechando su puesto, robó sistemáticamente un lote de mascarillas N95, destinadas a sus compañeros, al personal sanitario que enfrenta, con temor y valentía, al SARS-CoV-2.
Ella almacenaba los implementos de bioseguridad, al igual que otros medicamentos en la pequeña farmacia que regentaba. Intentó negar las acusaciones, pero efectivos policiales la habían seguido por días. Ahora se halla en prisión preventiva por seis meses.
“Aprovechó su condición de jefa de Farmacia y, probablemente, generó una orden de servicio que no utilizó para vender productos adquiridos por el Estado”, explicó Omar Tello, fiscal superior anticorrupción de Ayacucho.
Por otro lado en el distrito de Cumba, en Amazonas, la regidora Sonia Cárdenas Aguilar es investigada por incluir dentro del padrón de beneficiarios de las canastas de víveres a su suegra, a la hermana de esta y a la madrastra de su esposo.
A pesar de la pandemia que cerca al país y al mundo, los casos de corrupción no se detienen, pues la Contraloría reveló casos de reducción del peso de los productos reportados, precios sobrevaluados y entrega de víveres vencidos o en estado de descomposición.
Así, solo durante el estado de emergencia, se reportan 166 denuncias de casos asociados a actos de corrupción a nivel nacional.
Además, a pesar de las carencias de la población más vulnerable, que no puede trabajar por la cuarentena, al menos 400 municipios no han ejecutado el presupuesto asignado para la compra de víveres, pese a que ese dinero fue enviado por el Ejecutivo.
Y están otros personajes como el gobernador regional de Piura, Zervando Garcia, quien ordenó la confección de un lote de al menos 100.000 mascarillas de tela, pero con los colores de su partido.
Estos importantes implementos de seguridad para la población fueron elaborados en un pequeño taller y no presentan ninguna medida sanitaria dispuesta por el Ministerio de Salud.
Fuente La República
