La exoneración que pidió el Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) con el fin de adquirir un lote de maquinarias y que fuera observado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), hace más de un año, fue nuevamente puesta sobre el tapete.
Esta vez la Presidenta del OSCE Magaly Fiorella Rojas Delgado, se ratificó en la observación hecha por ese órgano al GRA, debido al pedido de exoneración sustentado en “desabastecimiento inminente”, fórmula usada para muchas autoridades con el fin de evadir los controles.
MALAS AUTORIDADES BUSCAN EXONERARSE
Según Rojas Delgado, son lamentablemente muchas las autoridades no sólo en la región Ayacucho, sino en todo el país quienes utilizan las exoneraciones, en muchos casos de manera irregular. Esta situación se debe en muchos casos a una falta de planificación de parte de los funcionarios de dichos gobiernos, lo que suscita este tipo de acciones que terminan por causar caos dentro de la administración pública con todo lo que esto implica.
IMPUNIDAD
Pese a que el OSCE no puede sancionar a los funcionarios del Estado, Magaly Rojas señala que éstos pueden tener sanción no sólo administrativa sino incluso penal dependiendo de la magnitud de sus responsabilidades. La funcionaria coincide en que la “impunidad” que los ciudadanos perciben, respecto a la corrupción a nivel estatal no le hace ningún bien al aparato público.
FISCALIZACIÓN
El trabajo de fiscalización que realiza la OSCE, es muchas veces satanizado por los empleados y funcionarios públicos, por eso la entidad procura tener un acercamiento mayor a estos últimos, eso sin descuidar el rol fiscalizador, pero complementando éste con capacitación y asesoría. “Nuestra finalidad principal es lograr un mejor y más eficaz uso de los recursos del Estado” sostiene la funcionaria.
REFERENCIA
Magaly Rojas señaló que el caso de la irregular compra de maquinarias por parte del GRA, se encuentra ahora en manos de la Contraloría General de la República, que es el ente encargado de investigar el caso y de aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios involucrados, en caso encontrárseles responsabilidad.
(Águida Valverde Gonzales)
Fuente La Voz de Huamanga
