La fiscalía considera que ocho trabajadores del Congreso habrían favorecido a dos empresas en la compra de 980 computadoras en noviembre de 2016, por las que ordenaron pagar más de 5 millones de soles evadiendo el reglamento del Legislativo. La fiscal a cargo de este caso, Norah Córdova Alcántara, encontró indicios para acusarlos del presunto delito de negociación incompatible y señala que, según el Código Penal, este se sanciona con pena de cárcel no menor de cuatro ni mayor de seis años.
El oficial Mayor del Congreso, José Cevasco Piedra, está entre los involucrados. La fiscalía considera que Cevasco se habría interesado de manera indirecta en la compra de las computadoras “con la finalidad de obtener un provecho económico indebido a su favor o a favor de los postores Grupo Coresol SAC y Compured”.
Junto a Cevasco se investiga a Sergio Romero Loyola, Rocco Romero Grados, Robert Fajardo Saucedo, Lucía Bravo Roncal, Carlos Castro Paragulla, Eduardo Prieto Hernández y Fernando Flores Sifuentes.
Secreto bancario
La fiscal Córdova decidió formalizar investigación contra Cevasco y los otros siete funcionarios el pasado 23 de noviembre, y a la vez solicitó un plazo de 120 días para continuar con las indagaciones.
Luego de realizar las diligencias preliminares, la titular de la 1° Fiscalía Anticorrupción solicitó el levantamiento del secreto bancario y del secreto de las comunicaciones de los funcionarios mencionados, así como de los representantes del Grupo Coresol y Compured, Édgar Fiestas Aguilar y Jorge Rodríguez Pando, respectivamente.
La misma solicitud la realizó contra los trabajadores Iván Silva Montero y María Rey del Castro por presuntamente favorecer a tres empresas con la compra de canastas navideñas, vales de pavos y tarjetas electrónicas en diciembre de 2016, que fueron repartidos entre los trabajadores del Congreso.
Montero y Rey también son investigados por el presunto delito de negociación incompatible.
Indicios
La fiscalía atribuye a Cevasco responsabilidad penal en calidad de cómplice por el caso de las computadoras. Además, le atribuye responsabilidad penal en calidad de coautor por el caso de las canastas navideñas.
Sobre la compra de computadoras, la fiscal Córdova detalla que la Contraloría General de la República advirtió al Congreso que el Grupo Coresol no cumplía con el requisito de tres años de actividad, como exige el Parlamento a sus proveedores.
Otra irregularidad detectada fue que el informe de especificaciones técnicas actualizadas para la adquisición de las computadoras tuvo como sustento otro informe de justificación técnica emitido con fecha posterior.
Además, la adquisición de las computadoras no se encontraba en el Plan Anual de Contrataciones del Congreso.
La compra, que tuvo que ser cancelada, se realizó cuando la presidenta del Parlamento era la congresista Luz Salgado (Fuerza Popular), quien aseguró que no existía ninguna irregularidad en esa adquisición.
“Si me demuestran que algún empleado se ha enriquecido, yo lo saco y renuncio, porque yo soy así”, dijo aquella vez.
Fuente La República
