El penalista José Ugaz Sánchez-Moreno, ahora consultor de Transparencia Internacional, persiguió entre los años 2003 y 2004 los delitos atribuidos a Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, faceta que le granjeó poderosos enemigos -entre los 1.500 procesados que llevó hasta el banquillo de los acusados- y una experiencia importante.
Ahora, Ugaz afirma que el Gobierno carece de iniciativas inteligentes para enfrentar la corrupción. El ex procurador del Estado adelanta además lo que traerá el libro de memorias que publicará en breve.
Ollanta Humala anunció el 28 de julio una ofensiva anticorrupción, destacando la iniciativa de la ‘muerte civil’ para los corruptos. ¿Cree que este esfuerzo será efectivo?
Para empezar, no es la primera vez que el presidente habla de corrupción en sus discursos y no es tampoco el primer mandatario que lo hace. Absolutamente todos, desde el fujimorismo para adelante, han mencionado la corrupción como un tema prioritario, pero del dicho al hecho no se han dado las medidas concretas que evidencien la voluntad política para combatirla de manera decisiva. En ese sentido, este Gobierno no se diferencia del anterior.
¿Por qué es usted tan severo?
Porque todo va quedando en el plano discursivo. Es verdad, también, que en este régimen se advierten menos casos de corrupción y es verdad que ha habido un impulso a la Comisión Nacional Anticorrupción. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy no son los frutos que esperábamos.
¿Cree que será eficaz la propuesta de una ‘muerte civil’ para quienes no paguen sus reparaciones civiles al Estado?
En la ley de ‘muerte civil’, al igual que en la de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción o el aumento de las penas para los corruptos, estamos reiterando siempre la misma política de pretender señalar que por la vía de la ley se va a resolver el problema. La corrupción es un fenómeno mucho más complejo, que no solamente tiene que ver con medidas legales, debería implicar una política de Estado que primero ponga incidencia en la parte preventiva. Y esto tiene que ver con una educación en valores para las nuevas generaciones. Luego, medidas administrativas que permitan romper los monopolios y reducir la arbitrariedad de los funcionarios para después pasar efectivamente a ciertas medidas legales que son de refuerzo.
¿Entonces las normas no son lo más relevante?
No es la vanguardia, sino vamos a caer nuevamente en la fantasía demagógica de pensar que porque tenemos una buena ley la gente va a dejar de robar o de saquear al Estado. Eso no es así. Es más, los delincuentes de cuello blanco y los corruptos normalmente no hacen un análisis de costo-beneficio desfavorable a ellos, sino que siempre creen que van a gozar de impunidad y que la justicia no va a llegar a ellos, como normalmente sucede. Ahora, ¿es útil la ‘muerte civil’? Sí me parece una medida interesante, pero su capacidad es modesta.
¿Qué limitaciones tendría?
Una persona condenada por corrupción que no paga la reparación y es declarada no apta para realizar cualquier acto civil puede perfectamente poner a un testaferro o pedir a un familiar que lo ayude. Entonces, la ‘muerte civil’ no es la varita mágica o la bala de oro que va a resolver el problema de la corrupción. Es una medida que podría implementarse, pero hay que tener claro cuál es su real efecto. A veces tenemos la ilusión de que la ley va a cambiar la realidad. Aquí hay que hablar de políticas integrales del Estado.
En la práctica, ¿qué implica poner en marcha esas políticas integrales?
Pasa por un liderazgo ético, desde el presidente de la República hasta las últimas instancias. Por ejemplo, se presentó un proyecto de ley para dar a la Unidad de Inteligencia Financiera la capacidad de levantar el secreto bancario y poder profundizar sus investigaciones de operaciones sospechosas de lavado de dinero. Sin embargo los congresistas decidieron no darle paso a ese proyecto, argumentando que atentaba contra la privacidad de los ciudadanos. No basta llenarse la boca con discursos diciendo que la corrupción es un mal que se quiere combatir si cuando se presentan proyectos o reformas el Legislativo no los acepta, el Ejecutivo no da los recursos y, en suma, no hay la voluntad política para que ese discurso tenga un correlato en la realidad.
¿El Ministerio de Justicia no ha logrado diseñar una efectiva política anticorrupción?
Este no es un problema sectorial. Ni siquiera es un problema solo del Estado. Este es un problema de todos los peruanos. Tiene que ver con la sociedad civil y, de hecho, las asociaciones de ciudadanos tenemos que ver qué medidas adoptamos para reducir los espacios de corrupción. Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, viene haciendo encuestas hace diez años y sistemáticamente los peruanos respondemos en un 75% que somos indiferentes frente a la corrupción. Tiene que ver con Justicia, en lo que corresponde a la defensa del Estado, pero también con Educación, con el sector Salud -donde se roba masivamente en medicinas e infraestructura-, con Defensa -donde vimos que Montesinos fue capaz de acumular en una sola transacción US$45 millones de coima por la compra de unos aviones-, y así en todos los sectores. Entonces, es una problemática transversal al Estado, pero incumbe también a los empresarios, a los bancos, a las compañías de seguros.
El reciente audio de la reunión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿contribuye a ese liderazgo ético de las autoridades que propugna?
Lo primero que me parece relevante es tratar de entender por qué el Gobierno insiste en negar que haya habido, cuando menos, una ejecución extrajudicial en la toma de la residencia del embajador de Japón, cuando es claro que al terrorista con sobrenombre ‘Tito’ le fue entregado vivo al coronel Zamudio y, según los peritajes, luego aparece muerto. Pese a la existencia de esa evidencia, los funcionarios que asistieron a esa reunión intentaron por todos los medios de persuadir a la jueza Carmen Rojjasi que ello no se había producido. Fue una reunión impropia en que por una extraña razón de Gobierno se insiste en negar algo que está probado en las investigaciones.
¿Es una reunión solo impropia o hay una voluntad de interferencia?
El problema no está en la reunión, no hay impedimento para que el ministro de Justicia se reúna con el jefe del Poder Judicial y menos el representante del país ante la Corte de San José. El problema fue el mensaje. La impropiedad aparece en el diálogo -aunque los implicados dicen que el audio puede haber sido editado-, en el sentido de querer persuadir a la jueza de que acepte la tesis de que no hubo ejecución extrajudicial porque eso perjudicaría al Perú.
Con el caso de Nancy Obregón volvemos la mirada a los partidos y sus vínculos con el narcotráfico. ¿Cómo acabar con esa permanente amenaza?
Tiene que ver con la crisis de la organización política en el Perú. En el país hay pocos partidos y después del APRA queda el PPC. Todos los demás han surgido alrededor de un caudillo y son de naturaleza electoral. Y estamos viendo ahora en el Congreso cómo se dividen, porque no hay ideología, no hay régimen de disciplina. Esto además tiene que ver con cómo se eligen a sus representantes, que no son los mejores, sino los que pueden pagar por su puesto. En ese esquema -en que los candidatos no lo son por su mérito sino por su bolsillo- la posibilidad de que se filtren miembros del narcotráfico es muy alta.
Está por publicar sus memorias, ¿qué debemos esperar?
Es una crónica a partir las experiencias que me tocó vivir en los años que estuve al frente de la procuraduría. Hay en ella una mezcla de hechos históricos y vivencias personales. Hay muchas historias que serán verdaderas revelaciones, dado que fui un testigo privilegiado de esa época. Estoy en conversaciones con las editoriales todavía, así que no puedo adelantar mucho.
